Reforma electoral, enésimo intento

El Parlamento acaba de constituir un grupo de trabajo para modificar la Ley Electoral andaluza a iniciativa de IU. Hace 19 años, el PA pactó con el PSOE la misma fórmula. No tuvo éxito. De 39 grupos de trabajo, pocos se convirtieron en leyes.

el 07 jun 2014 / 22:30 h.

El Parlamento andaluz acaba de constituir un grupo de trabajo para discutir una nueva reforma electoral. / EFE El Parlamento andaluz acaba de constituir un grupo de trabajo para discutir una nueva reforma electoral. / EFE El Parlamento andaluz constituyó hace unos días un grupo de trabajo para abordar la reforma de la Ley Electoral andaluza. Esta frase se escribió prácticamente igual hace 19 años. Entonces, Andalucía también estaba gobernada por dos partidos: el PSOE había ganado las elecciones del 94, pero necesitó el apoyo de los cuatro diputados del PA para seguir gobernando. Aquella etapa se conoció como la legislatura de la pinza y sólo duró del 94 al 96. Sin embargo, bastaron esos dos años para que los andalucistas aprovecharan para introducir en el Parlamento el debate de la reforma electoral, exactamente igual que ahora: otra vez un grupo minoritario, que se considera castigado por el reparto de escaños de la ley d´Hont, aprovecha su paso por el Gobierno para obligar al socio mayoritario a mejorar el sistema de representatividad de los partidos en la Cámara. La diferencia es que ahora bullen tiempos de cambio, el bipartidismo se resiente y nacen con fuerza nuevos partidos que amplían el pluralismo ideológico y empujan a los grandes grupos a flexibilizar las leyes electorales, las internas y la de las instituciones. ¿Hay expectativas reales de que se implante una nueva ley electoral en Andalucía? Si tenemos en cuenta que el camino que se ha elegido ahora para lograrlo es el mismo que se tomó hace 19 años, la perspectiva es poco prometedora. La Ponencia de estudio para la reforma de la legislación electoral de Andalucía, como se llamó al primer grupo de trabajo, se creó a finales de 1995 (publicado en el BOPA del 10 de noviembre) y se disolvió a principios de 1996 sin llegar a tener ninguna sesión. Se nombraron a los miembros de la ponencia –Manuel Atencia Robledo, J. Miguel Calvo Castaños y Francisco de Asís Garrido Peña– pero en el servidor de la Cámara no consta ninguna reunión, porque formalmente el grupo nunca llegó a constituirse. La legislatura de la pinza fue convulsa y muchas promesas se volatilizaron. A finales del mes pasado, los nuevos socios de Gobierno, PSOE e IU, volvieron a la casilla de salida al constituir otro grupo de trabajo para abordar la reforma de la ley electoral que fue consensuada hace 30 años. Ese primer paso era lo único a lo que se habían comprometido en el pacto. ¿Conduce a algún camino? Las dudas no sólo surgen del hecho de que estamos viviendo una legislatura sacudida por movimientos políticos complejos, con el cambio de dos presidentes autonómicos y la posibilidad de un tercer relevo en el horizonte, y otros dos años por delante sembrados de citas electorales (municipales, generales y autonómicas). El problema, admiten los tres grupos con representación parlamentaria, es que la figura del grupo de trabajo rara vez ha desembocado a corto plazo en la aprobación de una nueva ley. Esta figura de ánalisis, integrada por miembros de los partidos políticos e intervenciones de expertos, aparece como tal por primera vez en la tercera versión del reglamento del Parlamento, aprobado por el Pleno en sesión celebrada los días 18, 19 y 20 de abril de 1995, es decir, en la IV Legislatura. El primer grupo de trabajo abordó la legislación del sector del taxi, hace 19 años, el último se constituyó el mes pasado para analizar las posibles fórmulas de la reforma electoral. Entre ambas fechas, el Parlamento andaluz ha creado 39 grupos sobre temas tan variopintos como la política hidráulica, las energías renovables, la financiación autonómica, el uso del edificio Torretriana, el cambio climático, los vertidos de Aznalcóllar, la violencia juvenil, la fiscalidad ecológica, la situación del sistema universitario, el modelo de la RTVA, la reforma del Estatuto de Autonomía, la prevención de incendios, la responsabilidad social de las empresas, las personas dependientes, la convergencia educativa en Andalucía o la formación del profesorado. Los últimos grupos que se han constituido, esta legislatura, abordan la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz, la violencia de género, la renta básica y la reforma electoral. IU planteará una queja esta misma semana a la presidenta Susana Díaz por el retraso del llamado ICO andaluz, sobre el que está trabajando el primero de los grupos. Y el PP acaba de poner en duda que la ley de renta básica vaya a aprobarse esta legislatura, y acusando a la presidenta de haber montado «un teatrillo para perder el tiempo» con la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento, del que por otro lado ellos mismos forman parte. Para más señas, además los populares son abiertamente reacios a tocar la Ley Electoral, porque consideran que ahora, con un 36% de paro, no es lo más prioritario. Si revisamos los 39 grupos de trabajo, es fácil ver que algunos han servido para crear un puñado de leyes, varios decretos y bastante materia de estudio y análisis sobre políticas transversales que se escapaban a las competencias del Gobierno andaluz (violencia machista, política universitaria y educativa, financiación autonómica, cambio climático, dependencia, extinción de incendios…). En la legislatura pasada se creó un grupo de trabajo para abordar una nueva Ley de Régimen Local de Andalucía que derivó, en ese mismo mandato (junio de 2010), en la aprobación de dos importantes normas: la Ley de Autonomía Local y la ley que regula la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma. También se constituyó un grupo de trabajo relativo a la formación del profesorado, cuyas conclusiones (no todas) se plasmaron en un decreto en vigor desde el curso pasado. En este caso, dado que las competencias sobre esta materia trascendían el ámbito puramente andaluz, se plantearon muchas medidas que luego no han fraguado (algunas dependían de las universidades y estas no han incorporado las recomendaciones del Parlamento). Por último, se creó un grupo de trabajo sobre transparencia y calidad democrática, germen de la ley que se aprobará esta misma semana en la Cámara. La federación de izquierdas, que es la verdadera impulsora de una reforma electoral que reparta más proporcionalmente los escaños entre las distintas formaciones, asegura que si el ritmo de trabajo del grupo es constante, el proyecto de ley puede estar listo a final de año, y sera aprobado en 2015, antes de las elecciones autonómicas. Esa es la voluntad política, claro. Sus socios, en cambio, supeditan cualquier reforma de las reglas del juego democrático a que haya un apoyo unánime de todos los partidos, es decir, que el PP vote a favor de cambiar la ley. La legislación se ha modificado dos veces en los últimos cinco años, ninguna de ellas con el respaldo de los populares. La primera fue para incluir la obligatoriedad de listas cremallera, esto es, que se alternaran hombres y mujeres en la candidatura de todos los partidos. El PP no sólo votó en contra sino que recurrió la norma, sin éxito, ante el Tribunal Constitucional. En el último tramo de la legislatura pasada (5 de diciembre de 2011), PSOE e IU aprobaron una modificación de la reforma electoral sin contar con los votos del PP. En aquella ocasión se cambió la normativa para hacer incompatible el cargo de alcalde y diputado, una situación que en ese momento sólo afectaba al PP (tenía 17 alcaldes en el Parlamento). La incompatibilidad de cargos fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, y está pendiente de la resolución judicial.

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