Las entidades locales como El Palmar de Troya mantienen su autonomía.
Un elevado porcentaje de los alcaldes de los 105 municipios de la provincia de Sevilla, con poco más de 1,9 millones de habitantes, están inquietos por cuál será su futuro a raíz de la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2013, de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, más conocida como reforma local. Para aclarar alguna de sus dudas, este periódico ha analizado esta ley. Sobre ella se está hablando mucho, pero debido a la cantidad de información que está circulando más en contra que a favor, hay muchas cuestiones que no están claras y que conducen a error. Y es que esta ley en su tramitación ha sufrido innumerables retoques.
El Gobierno central se ha visto obligado a realizar un sinfín de modificaciones porque ni en las propias filas del Partido Popular estaban de acuerdo con lo que desde Madrid se estaba planteando para racionalizar la administración local. Aunque las voces que más se han alzado en contra de esta ley han partido del PSOE y de IU, pero durante la tramitación del texto, alcaldes y concejales populares también mostraron su disconformidad con algunos de los planteamientos que proponía el documento.
De ahí que la redacción de la ley no haya sido ni rápida ni fácil y tras su aprobación se esté topando con el rechazo de las administraciones que no están en manos del PP. La Junta de Andalucía ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la norma al considerar que «invade» las competencias exclusivas en materia de régimen local recogidas por el Estatuto de Autonomía. El pleno de la Diputación de Sevilla sin el respaldo de los diputados populares también acordó recurrir ante el Constitucional, al igual que el 73% de los ayuntamientos sevillanos, entre los que se encuentran algunos gobernados por el PP en minoría.
Los que se oponen a esta reforma local, además de advertir que es inconstitucional y que ataca a la autonomía de las entidades locales, también temen que se vayan a perder puestos de trabajo al arrebatarles competencias a los ayuntamientos. La Junta ha calculado que esta ley pone en peligro 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de funciones como por las privatizaciones que propicia, y entre los más afectados se encuentran los relativos a educación, sanidad, servicios sociales, transporte, empleo y consumo, según datos de la Administración autonómica.
En la provincia de Sevilla no se han cuantificado cuántos puestos de trabajo se podrán ver afectados, pero, según la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en un principio, los más perjudicados podrán ser los empleados de las 60 Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y los de los 39 centros de información a la mujer.
Los municipios mantienen como servicio público la limpieza viaria.
Al margen de consideraciones políticas, este periódico ha consultado a cuatro expertos sobre la ley: el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Manuel Medina Guerrero, el profesor de Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Manuel Villoria Mendieta, el profesor de Ciencia Política y de la Administración Pública de la Universidad de Granada Manuel Zafra y el catedrático de Análisis Económico de la UNED José María Labeaga Azcona, quienes consideran que se ha perdido una oportunidad de oro y que esta nueva ley tiene más oscuros que claros. Coinciden en que tiene muchas lagunas y está abierta a muchas interpretaciones.
¿Qué competencias pierden los ayuntamientos? En lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de la protección de la salubridad pública y de lo relacionado con los cementerios y servicios funerarios. Lo demás será gestionado por las autonomías en un plazo de cinco años, aunque deberán ir asumiendo esta gestión poco a poco, un 20% al año. Los servicios sociales también pasarán a las autonomías. El plazo de traspaso en este caso es más corto, dos años, y los ayuntamientos se encargarán sólo de detectar y evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por exclusión social de sus vecinos. No obstante, las comunidades podrán delegar el servicio en las diputaciones o en los ayuntamientos, pero deberán financiarlo. Para los expertos, el tema de las competencias propias e impropias de los ayuntamientos ya plantea serias dudas. Manuel Zafra explica que no queda nada claro qué queda en manos de los ayuntamientos y qué no. Manuel Villoria va más allá y cree que los ciudadanos van a ser los grandes perjudicados. Teme que muchos servicios que prestaban los ayuntamientos se perderán y otros serán de peor calidad si están en manos de las diputaciones o de las autonomías, «porque los ayuntamientos son los que conocen la realidad del terreno y son la administración más cercana para actuar con más celeridad». Mientras que Manuel Medina y José María Labeaga entienden que hay demasiada discrecionalidad y que la cesión de competencias a los ayuntamientos por parte de las autonomías dependerá mucho de la voluntad política, estiman que se pueden producir grandes diferencias, según en manos de quién estén las autonomías y las diputaciones.
¿Esta norma garantizará que no se duplicarán los servicios? Éste es uno de los fines que busca el Gobierno y en opinión de los expertos, de cumplirse, es una medida positiva. También ven con buenos ojos que las administraciones locales tengan que calcular antes del día 1 de noviembre el coste efectivo de los servicios que prestan, porque, según Zafra, así los vecinos sabrán cuánto cuesta el agua y la basura en su localidad y en la de al lado, «y quedará en evidencia el que lo haga mal», aunque aclara que los costes también dependerán de cómo se presten los servicios, porque no es lo mismo recoger todos los días la basura que en días alternos.
¿La reforma permitirá ahorrar dinero? Medina recuerda que el objetivo de la ley es el de ahorrar más de 8.000 millones de euros entre 2014 y 2019, pero no cree que se consiga, a lo que añade que la ley deja muchas cuestiones abiertas y mucho margen para la interpretación. Por su parte, Villoria y Labeaga piensan que con las medidas de sostenibilidad financiera que había adoptado el Gobierno ya eran más que suficientes para ahorrar, además remarcan que la administración local no es la más endeudada, sino más bien al contrario. Un dato que refuerza estas tesis es que, según la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las administraciones locales saldarán 2013 con un superávit de en torno al 0,3%.
Fachada de la Diputación de Sevilla, una administación que asume nuevas competencias con la reforma local. / Antonio M. García
¿Al haber más controles sobre los gastos se frenarán los casos de corrupción? Villoria admite que los ayuntamientos han sido el principal foco de corrupción en España y ha podido haber casos de mala gestión, «pero si el objetivo era controlar a los ayuntamientos ya se habían adoptado medidas oportunas». Mientras que Labeaga duda que si antes no han funcionado los controles ahora vayan a ser más efectivos. En su opinión es una ley llena de amenazas. «Yo creo más en los incentivos positivos, que tengan premio los ayuntamientos que se están comportando».
¿Cuál es el papel que juegan las diputaciones? Todos coinciden en que han salido reforzadas y tienen dudas de su efectividad. En los pueblos de menos de 20.000 habitantes tendrán que coordinar la gestión de la recogida de residuos, abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas, y alumbrado público. Si los municipios justifican que pueden prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión presupuestada por la Diputación podrán asumir estos servicios. En este punto, Villoria se pregunta si las diputaciones están capacitadas para prestar estos servicios. Además, teme que no se mejorará la gestión, «será más cara, y se abre la puerta a la privatización de los servicios».
Además de coordinar servicios, las diputaciones también son las responsables, entre otras funciones que el Gobierno les ha delegado, de velar por el cumplimiento de los planes económicos-financieros municipales, «algo que no es un plato de buen gusto para ellas, ninguna está contenta con este papel de control», dice Medina.
Asimismo, se les hace responsables de la gestión recaudatoria y financiera en los municipios de menos de 20.000 habitantes, del servicio de prevención de incendios y de la administración electrónica y contratación centralizada, entre otras muchas tareas que tendrán que asumir ahora.
¿La nueva norma obliga a la fusión de los municipios más pequeños? No, pero sí incentiva las uniones entre pueblos limítrofes. Entre otras cuestiones, las localidades que opten por esta vía tendrán más financiación. Medina cree que las uniones entre los municipios de menos de 5.000 habitantes sí puede ser una medida de ahorro, pero indica que en el área latina es muy difícil por el sentimiento de pertenecer a un municipio, «en Gran Bretaña, Alemania y países escandinavos sí se han realizado, al igual que en Grecia, pero en este caso por imposición de la Troika, pero en España es muy difícil que se dé por voluntad propia».
Villoria también cuestiona que de forma voluntaria los pueblos pequeños opten por fusionarse, «aunque las localidades de menos de 1.000 habitantes no tienen sentido en términos de gestión».
La ley, sin embargo, sí establece que un ayuntamiento que haya incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria deberá presentar un plan en el que, entre otros aspectos, incluya una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. En este caso, el Gobierno sí empuja a la fusión, pero los expertos entienden que esta medida será muy difícil de aplicar, porque habrá que contar con la opinión del otro pueblo implicado.
¿Qué ocurre con las entidades locales inferiores al municipio? Seguirán manteniendo su personalidad jurídica, pero deberán presentar sus cuentas al Estado y a la comunidad autónoma con fecha 31 de diciembre de 2014 para no incurrir en causa de disolución.
¿Se pone tope a los sueldos de los políticos locales? Sí. Los municipios de más de 500.000 habitantes sus alcaldes tienen fijado un tope de sueldo de 100.000 euros brutos al año; de entre 300.001 y 500.000, 90.000; de entre 150.001 a 300.000, 80.000; de entre 75.001 a 150.000, 75.000; de entre 50.001 a 75.000, 65.000; de entre 20.001 a 50.000, 55.000; de entre 10.001 a 20.000, 50.000; de entre 5.001 a 10.000, 45.000; y de entre 1.000 a 5.000, 40.000. Unos salarios máximos a los que los alcaldes de la provincia de Sevilla no llegan.
Una medida que para Villoria es positiva, aunque cree que se debería adoptar cuando comience el próximo mandato de las corporaciones locales, «para que el que se presente conozca las reglas del juego». Por su parte, Medina indica que imponer topes retributivos, fijar el número de trabajadores eventuales y la dedicación exclusiva de los concejales sí es bueno: «Es una medida ejemplarizante, pero no supondrá mucho ahorro».
