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Registran el domicilio de un diputado ruso en Calviá

La Guardia Civil se incautó de diversa documentación y obras de arte en el registro que practicó el sábado por la mañana en el domicilio del diputado ruso Vladisnav Reznik, en el municipio mallorquín de Calvià, por orden del juez Baltasar Garzón, que investiga los vínculos del político con la mafia rusa.

el 15 sep 2009 / 16:59 h.

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La Guardia Civil se incautó de diversa documentación y obras de arte en el registro que practicó el sábado por la mañana en el domicilio del diputado ruso Vladisnav Reznik, en el municipio mallorquín de Calvià, por orden del juez Baltasar Garzón, que investiga los vínculos de este político con la mafia rusa.

Según pudo comprobar Efe en el lugar del registro, los agentes de la Guardia Civil tanto de Madrid como de Baleares que lo llevaron a cabo concluyeron la inspección de la casa mallorquina de Reznik.

La mansión, denominada Casa artemis, se encuentra frente al mar, en el número 82 de la avenida del Mar, en la urbanización de El Toro, y posee diversos dispositivos de seguridad. La Guardia Civil de la Comandancia de Baleares y la Delegación del Gobierno señalaron a Efe que el material será trasladado a Madrid para ser inspeccionado.

El registro del sábado se enmarca en la investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre la presencia de la mafia rusa en España, a consecuencia de la cual se detuvo también en Calvià hace cuatro meses al capo de la mafia rusa Gennadios Petrov, que fue enviado a prisión por el juez Garzón el 16 de junio.

Blanqueo de capital . Petrov fue detenido junto con otro capo de la mafia rusa, Alexander Malyshev, y otras 13 personas por su supuesta vinculación con la denominada comunidad criminal conocida como Tambovskaya Malysevskaya, que se asienta en España en 1996 para dedicarse a actividades de blanqueo de dinero y enriquecimiento.

A todos ellos se les acusa de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero, falsificación de documento mercantil, falsedad en documento público, delito fiscal -como la devoluciones indebidas de IVA por valor de 28,5 millones de euros- y un delito de simulación de contrato.

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