La idea de crear un fondo para el rescate (y eventual reestructuración) de entidades financieras en (riesgo de) quiebra fue lanzada hace ya bastantes meses, sin que el anuncio de más y mejores detalles haya trascendido. Es una medida por la que ya se optó en otros países, cuando el pánico financiero de los primeros momentos convenció a los gobiernos occidentales de la necesidad de demostrar por todos los medios su disposición a mantener con vida, con fondos y garantías públicas, unas empresas consideradas, de creer el argumento, demasiado grandes para dejarlas caer sin provocar males mayores.
En contraste con las políticas de recapitalizaciones preventivas, el modelo español de rescate a corto plazo (avales sobre la deuda bancaria y facilidades de crédito) se centró en poner los medios para evitar el estrangulamiento del crédito fruto de los problemas de liquidez e incertidumbre. En la medida en que la banca española no tenía los gravísimos problemas de salud de la de otros países no hubo (ni pareció necesario) recurrir a la inyección de capital público. Ahora bien, que las dificultades de liquidez se transformen en insolvencias y quiebras no es más que una cuestión de tiempo. De ahí, entre otras cosas, la necesidad de un protocolo de rescate ambicioso y con garantías que, en coherencia con la apuesta que han hecho las autoridades (por más discutible que parezca esta filosofía, pero ésa es otra discusión), sostenga y reflote una a una a las entidades crediticias a media que vayan quebrando.
Los fenomenales problemas de riesgo moral que pueden seguirse de una línea de actuaciones y de tratos desiguales como ésta fueron desde el principio obvios para todos. El principal de ellos: el esquema asimétrico de socializar pérdidas (pero en ningún caso las ganancias), al asegurar a los bancos un colchón para las peores consecuencias de sus actuaciones, convalida y estimula sus peores excesos. Pero no queda ahí la cosa; una segunda familia de riesgos morales e injusticias se presenta cuando los rescates se aplican no a la banca en su totalidad, como hasta ahora, sino únicamente a quienes amenazan con caer. Entonces, el zapato les aprieta a las que hicieron bien sus deberes.
Precisamente sobre esto, seguramente no por casualidad, viene a avisar uno de los documentos lanzados por el Servicio de Estudios de La Caixa en el pasado abril. Ayudas públicas en el sector bancario: ¿rescate de unos, perjuicio de otros?, de Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual. Su idea de partida es que, en el mismo ámbito europeo, el hecho de que haya café para todos puede estar poniendo a las entidades bancarias españolas en situación de desventaja, al encarecer el coste de su financiación por no contar con respaldo público tan extenso que minimice la prima de riesgo que se les aplica.
Y luego tenemos la distorsión en la banca minorista que puede provocar la asimetría comentada, siendo éste un efecto perverso reconocido por la propia Comisión Europea que, en un primer momento, impuso restricciones para dar el visto bueno a los rescates nacionales. Sin embargo, terminó dando marcha atrás, eliminando los límites al crecimiento de los balances. En suma, pasado el vértigo de las primeras horas, las entidades en mejor situación temen que las inyecciones de capital destinadas a evitar el estrangulamiento termine sirviendo para financiar una expansión comercial agresiva por parte de sus competidores.
