Pese al acercamiento entre el Ministerio de Fomento y las asociaciones del transporte, la negociación para desconvocar la huelga ha quedado aparcada y suma ya importantes secuelas. La primera y más lamentable, la muerte del integrante de uno de los piquetes, que falleció ayer en Atarfe (Granada) arrollado por una furgoneta. Junto al trágico incidente, la jornada dejó el colapso del tráfico en las grandes capitales y los primeros episodios de desabastecimiento de productos de primera necesidad como carburantes, pescado fresco, verduras y algunos tipos de carne. Los trabajadores del sector del transporte tienen toda la legitimidad para convocar una huelga ante el grave perjuicio que supone el incremento del precio del petróleo. Tienen razón al denunciar públicamente la asfixia que soportan al trabajar con márgenes deficitarios. Pero deben tener claro que su comportamiento estos días les hace perder la razón de fondo que les asiste por las formas utilizadas para expresar su impotencia. La reivindicación de unos derechos laborales no se puede corresponder, en pleno siglo XXI, con acciones de bloqueo a productos y bienes de primera necesidad y menos aún al ataque contra el derecho al trabajo que tienen los ciudadanos que ayer se vieron afectados por los colapsos de tráfico y los bloqueos de carreteras protagonizados por los piquetes. El sector del transporte hace bien en reconocer el importante paquete de medidas que el Gobierno está poneidno sobre la mesa para amortiguar el golpe del gasóleo, pero no debe empecinarse en exigir unas tarifas mínimas que no tienen encaje en el ordenamiento legal comunitario. Es responsabilidad del Gobierno garantizar el abastecimiento de bienes básicos, como también lo es de los consumidores el no hacer acopio de productos de forma alarmista y desordenada cuando hay mecanismos para regularizar la actual coyuntura.
