Un juzgado de Familia de Sevilla ha otorgado a un padre la custodia de su hija de cuatro años y ha prohibido a la madre mantener con ella cualquier tipo de contacto, tras ser imputada por consentir las violaciones de la pequeña por parte de su actual compañero sentimental, que en la actualidad está encarcelado.
De esta forma, la pequeña vivirá definitivamente a partir de ahora en Camas, donde tiene su padre el domicilio, y su madre no podrá ni acercarse a ella, ya que el juez cree probado que hasta llegó a amenazarla para que no contara los abusos de los que era objeto.
La sentencia del Juzgado de Familia número 26, a la que ha tenido acceso Efe, acuerda el divorcio de los progenitores y añade la suspensión del derecho de la madre B.M.A. a visitar a su hija, tenerla en su compañía o comunicar con ella por cualquier medio.
Según el fallo judicial, las diligencias penales por abusos a la niña en las que está imputada la madre y encarcelado su compañero sentimental constituyen las "graves circunstancias" previstas en la ley para restringir el derecho de los padres a visitar a sus hijos. Basándose en esta imputación, la titular del juzgado, María Luisa Zamora, ha tomado esta determinación que cierra un caso que salió a la luz después de que la pequeña le confesara a su tía paterna lo que ocurría en el domicilio de su madre.
El abogado del padre, Juan Isidro Fernández, ha explicado que el Juzgado de Instrucción 12 de Sevilla mantiene abiertas desde diciembre de 2009 unas diligencias por presunto abuso sexual de la niña por las que, desde mayo pasado, está encarcelado el compañero sentimental de la madre y ésta tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de la menor y comunicar con ella por cualquier medio.
Ahora, el Juzgado de Familia cita un informe del Equipo de Investigación de Casos de Abuso Sexual (Eicas) según el cual existen probabilidades "incrementadas" de que la niña haya sido víctima de abusos sexuales, por lo que "existen indicios suficientes para concluir que la relación de la menor con la madre no contribuye a su adecuado desarrollo personal y afectivo".
Teniendo en cuenta que el presunto abuso sexual se cometía cuando la menor estaba en el domicilio de la madre, "existen pruebas suficientes para impedir el establecimiento de un régimen de visitas", incluso en la hipótesis de que dejen de tener efecto las medidas de alejamiento establecidas en el orden penal, añade la sentencia del juzgado de Familia.
El fallo judicial otorga la custodia de la menor a su padre, residente en Camas, con la obligación de la madre de contribuir en 160 euros mensuales a su manutención.
Según relata la magistrada en su sentencia, los abusos sexuales a la menor fueron cometidos presuntamente durante cinco meses del año 2009, aprovechando los días en los que la pequeña quedaba al cuidado de su madre en virtud del régimen de visitas acordado en la separación matrimonial. Dichos abusos fueron descubiertos gracias a las confidencias de la niña a su tía paterna.
La madre amenazaba a su hija con pegarle si contaba lo sucedido y la pequeña, que lloraba cuando tenía que irse con ella, llegó a callar los abusos para proteger a su madre, según el informe del Eicas remitido al juzgado que investiga los supuestos abusos.
