Por fin llegó el momento para Rafael Ricardi de sentir "una alegría muy grande", aunque quizá no tanta como la que pudo celebrar en 2008 al recuperar la libertad cuando le declararon inocente tras pasar trece años en la cárcel por una violación que no había cometido. Ayer fue el día en que el Consejo de Estado dio luz verde a la indemnización de 555.000 euros para Rafael Ricardi por un tiempo de cárcel del que aún dice revivir en pesadillas. "Me disloco al recordarlo", asegura.
Rafael no sabe leer, pero ayer sus ojos brillaban mientras, al lado de su mujer, miraba un periódico en el que salía publicada su fotografía con la noticia de que el Consejo de Estado aprueba la indemnización por aquel error judicial. "Ya era horita", dijo en una entrevista a Efe en el Puerto de Santa María (Cádiz), donde vive desde siempre y desde que salió en 2008 de la cárcel.
Su abogada, Antonia Alba, había pedido diez millones de euros y cree que la cantidad acordada es "una desfachatez" por parte del Gobierno pero Ricardi dice que se conforma porque no tienen "otra cosa" y porque el daño ocasionado por aquel error no se pude pagar "por mucho dinero" que le hubieran dado. Ricardi no quiere ni acordarse de aquel tiempo que pasó en la cárcel y dijo que "tiene pesadillas de noche. Eso no se quita", lamentó añadiendo que toma "un tratamiento muy fuerte". Rafael pidió que la Justicia "investigue bien" y obtenga "bastantes pruebas" antes de encarcelar a una persona porque "habrá muchas personas como yo", añadió.
Ahora dice que está "muy contento" porque va a comprarse "una casita lo primero", luego algún viaje como llevar a su mujer a Palma de Mallorca para que visite a sus padres, y a salir adelante poco a poco con la seguridad de tener algo en el bolsillo", porque ahora vive con alguna ayuda y con alguna chapuza que le da "lo suficiente para comer", lamentando que a veces gana "algo y a veces nada". Según explicó a Europa Press la abogada de Ricardi, para los procesos indemnizatorios tiene que haber un informe del Consejo de Estado, que normalmente suelen dictar que la indemnización no es preceptiva.
No obstante, ese informe no es vinculante y el Gobierno tiene la última palabra. En el caso de Ricardi, incluso el informe es favorable. Tendrá que ser ahora el Ministerio de Economía el que a través de una partida abone la indemnización, lo cual debe hacer en el plazo de un mes, ya que en noviembre cumple un plazo para que la defensa del indemnizado interponga un contencioso administrativo en caso de no haber recibido el dinero o un compromiso de pago por parte del Estado.
La abogada considera insuficiente la cuantía de la indemnización ya que, recordó, Rafael estuvo 13 años encarcelado por un delito de violación y "no hay que olvidar que hasta un etarra está mejor mirado que un violador" en los centros penitenciarios.
