El ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, dijo que la seguridad ciudadana durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 solo podrá ser garantizada si se triplican los recursos destinados al sector.
"Si el ritmo actual de inversiones en seguridad pública y de calificación de la seguridad pública en Río de Janeiro continúa como está, no llegaremos a 2016 en una situación satisfactoria", dijo el ministro a periodistas tras una reunión con autoridades del estado de Río de Janeiro.
Según el ministro, el Gobierno Federal va a adelantar la transferencia de recursos a la autoridad regional para acelerar la implementación de políticas de seguridad y de combate a las bandas de narcotraficantes como las que protagonizaron hace dos semanas una escalada de violencia con cerca de cuarenta muertos.
El Gobierno va a transferir de forma inmediata aproximadamente 132 millones de reales (unos 75 millones de dólares) que estaban previstos en lo que restaba del año en el capítulo de seguridad, según el titular de Justicia.
Este dinero se unirá a los cerca de 121 millones de reales (unos 69 millones de dólares) que ya ha recibido este año el gobierno de Río para la compra de armamento, vehículos y demás equipamiento, además de la mejoría de las cárceles.
Genro aseguró que, en adelante, Río recibirá una parcela "significativa" del principal programa nacional de seguridad pública y anunció que se destinarán a esta ciudad más recursos de los que se habían presupuestado en un inicio para el año que viene, aunque no precisó cifras.
Asimismo, elogió un programa que está desarrollando la policía de Río en varias favelas cariocas para expulsar a los narcotraficantes e implantar unidades de policía que, además de llevar seguridad a los vecinos, colaboran en el desarrollo de proyectos sociales.
"Río está en el camino correcto. Queremos dar continuidad y acelerar la implementación de más unidades (de policía). Para ello vamos a trabajar con nuestros equipos técnicos para verificar qué recursos son necesarios", agregó.
El ministro también aseguró que el Gobierno va a aumentar su colaboración con las autoridades cariocas para el combate al narcotráfico, para lo que se va a añadir una cláusula a un convenio existente sobre la lucha contra los grupos de paramilitares que imponen su ley en cerca de dos centenares de favelas de Río.
La ola de violencia que azota Río ha dejado, entre enero y agosto de este año, un balance de 4.027 asesinatos, 170 homicidios ocurridos en robos o en peleas y la muerte de 723 sospechosos a manos de la policía, según datos oficiales.
A esta cifra se debe añadir el hallazgo de 342 cadáveres o restos humanos que no fueron computados como asesinatos porque no se pudo constatar ni el lugar ni las circunstancias de la muerte.
