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Rivas recurre ante el TSJA la sentencia del cohecho de Mercasevilla y pide su absolución

el 11 feb 2013 / 14:05 h.

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El exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas,  condenado a 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público y  una multa de 600.000 euros por un delito de cohecho derivado de la  petición de comisiones ilegales descubierta en Mercasevilla, la  empresa gestora del mercado central hispalense, ha elevado al  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso de  apelación reclamando su absolución.

En este recurso, entre otros  aspectos, Rivas reclama su absolución al ver vulnerado su derecho a  la presunción de inocencia y sufrir "indefensión".
Antonio Rivas, como se recordará, fue condenado a una multa de  600.000 euros, que en caso de impago sería sustituida por un año de  cárcel, y a 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público,  junto a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel  Ponce a cuenta de la 'mordida' o comisión ilegal solicitada por la  antigua dirección de Mercasevilla a los empresarios del Grupo  hostelero 'La Raza', como condición previa a la adjudicación de una  escuela de hostelería promovida por el mercado central merced a una  subvención autonómica de 900.000 euros.

EL PAPEL DE RIVAS

La sentencia condenatoria, recogida por Europa Press, señala "la  actuación de los acusados", con "Rivas ideando el soborno" y  "concertándose con Mellet, y a través de éste, con Ponce, quienes  aceptaron realizar la petición de dinero que les planteaba" el  exdelegado provincial de Empleo, "en beneficio propio o de terceros,  constituye un supuesto de autoría conjunta".  

Respecto a Rivas , aseveraba la sentencia que "las pruebas  indiciarias permiten llegar de forma lógica a la conclusión adoptada  por el jurado y a considerar una participación principal de Rivas en  el soborno realizado". Así, su culpabilidad viene determinada, según  el fallo, por la declaración del jefe de la Policía Judicial que  interrogó a Mellet y Ponce y que señaló que ambos apuntaron al exalto  cargo, además del testimonio de Daniel Ponce, quien dijo "que Mellet  le había dicho que había sido Rivas el que había pedido la  comisión".

RIVAS Y MELLET

La sentencia señalaba, expresamente, que Rivas "carecía de  competencia" para otorgar la subvención, pero "se implicó  directamente en la consecución del convenio para el otorgamiento de  la subvención para equipamiento y cursos de formación", mientras que  las reuniones entre el exdelegado y Mellet "se sucedieron en el  tiempo", por lo que "con estos antecedentes es lógico apreciar el  desmedido interés de Rivas por las solicitudes de Mellet".  

Pues bien, ante esta sentencia, susceptible de recurso, la defensa  de Antonio Rivas ha elevado a la sección tercera de la Audiencia  Provincial un recurso de apelación, con destino a la sala de lo Civil  y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, reclamando la  "absolución" del exdelegado provincial de la Consejería de Empleo "o,  subsidiariamente, que se declare la existencia de indefensión,  ordenando la retroacción correspondiente de las actuaciones por  vulneración de las garantías procesales al momento inmediatamente  anterior al de su acaecimiento".

LA "DEBILIDAD" DE LAS PRUEBAS

En este recurso de apelación, recogido por Europa Press, Rivas  esgrime que la juez instructora del caso, la juez Mercedes Alaya ,  reconoce incluso en uno de sus autos, textualmente, que "a  nadie se  le escapa que si bien existen indicios sólidos respecto de la  participación de Fernando Mellet y Daniel Ponce, este material  probatorio al momento presente es más débil si nos referimos a  Rivas".

El recurso, además, expone que la propia juez instructora,  refiriéndose "en concreto" a Antonio Rivas, atribuye su imputación a  "las declaraciones policiales y ante la Fiscalía de los coimputados  Mellet y Ponce". "La posibilidad de admisión de la declaración de un  coimputado como prueba de cargo exige (...) una mínima corroboración  para fundamentar un pronunciamiento condenatorio", expone la defensa  de Rivas, porque el propio auto de la juez instructora de fecha 15 de  febrero de 2010 pondría de manifiesto que "esa mínima corroboración  no se ha producido (...) y no existe el más mínimo elemento que  permita razonablemente sostener la acusación y mucho menos una  sentencia condenatoria".

"INDEFENSION"

En su argumentación, además, la defensa de Rivas expone la  aportación de documentos durante el juicio "con posterioridad a la  declaración de los imputados, sin que en consecuencia sobre dichos  documentos pudieran ser interrogados, al menos, ni Mellet ni Rivas".  "Ha existido vulneración de los derechos a la tutela judicial  efectiva, generador de la consiguiente indefensión, y a un proceso  público con todas las garantías", señala el recurso de apelación.

La defensa de Rivas también avisa de un "quebrantamiento de normas  y garantías procesales que causare indefensión, concretamente por  cuanto al redactar el objeto del veredicto --del jurado popular--, no  se expresan con la suficiente claridad y expresión los hechos que se  someten a la consideración del jurado, conteniendo además dicha  proposición fáctica conceptos netamente jurídicos que predeterminan  el fallo, y que revelan evidentes defectos en la proposición del  mismo". "Se ha preguntado al jurado única y exclusivamente sobre el  resultado de su conclusión, sin haber sometido a su consideración y  examen aquellos elementos fácticos, objetivos y concretos, que sirven  de base o de fundamento del proceso racional que lleva a las personas  que componen dicho órgano decisorio a adoptar la resolución que se  les solicita", argumenta el recurso en ese sentido.

LA INSTRUMENTALIZACION DE LOS TESTIMONIOS

Igualmente, el recurso censura que "la motivación del jurado se  fundamente en entresacar determinados extractos de las declaraciones  prestadas" durante la vista oral que, "apreciados en el contexto de  cada una de las declaraciones analizadas, no sólo no dicen lo que el  jurado pretende, sino que resulta mucho más razonable una explicación  exculpatoria que una incriminatoria".

Sobre los testimonios, expone el recurso que "estando implicado  Rivas en esta causa únicamente en razón del testimonio de Mellet, una  vez celebrado el acto de plenario, no existe dato objetivo alguno,  acreditado por prueba directa, que corrobore ni siquiera mínimamente  la versión que en su día ofreció ante la policía y el ministerio  público y que posteriormente no ha tenido bien ratificar en ningún  momento ulterior". "El resto de testimonios considerados por el  jurado y valorados en la sentencia, como son el del policía judicial  y el del otro coimputado, Ponce, no son sino testimonios de  referencia, basados a su vez en lo que se supone que Mellet dijo".

PRESUNCION DE INOCENCIA

"No existe corroboración alguna de las declaraciones que Mellet  hizo ante la policía nacional ni ante el Ministerio Público. No  existe por tanto prueba directa de cargo", resume el recurso de  apelación, que por último aprecia "una vulneración de la presunción  de inocencia". Y es que, según desgrana el abogado Jon Ander Sánchez  en este recurso de apelación, "atendida la prueba practicada en  juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta, máxime en  el caso de Rivas, del que se predica su culpabilidad en razón de una  indebida apreciación de la prueba indiciaria, absolutamente contraria  a derecho".


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