Los cuatro imputados por el caso de la supuesta petición de comisiones en Mercasevilla se sentarán ante un jurado popular acusados de un delito de cohecho y deberán hacer frente a una fianza de 400.000 euros. Se enfrentan así a penas de prisión de dos a seis años y a una inhabilitación para ejercer cargo público de siete a doce años.
La Audiencia ha confirmado la resolución del Juzgado de Instrucción número 6 y ha rechazado los recursos de todas las defensas, incluido el del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas. En esta misma resolución cierra las puertas al intento del PP de alargar el proceso con base en un supuesto delito de prevaricación cometido en la Consejería de Empleo en la tramitación de subvenciones. La Audiencia no descarta que pueda haber irregularidades, pero su-braya que en ningún caso pueden ser consideradas delitos penales.
En el auto notificado ayer -sólo un día después de que todas las partes presentasen sus recursos-, la Audiencia ratifica la causa abierta contra el ex delegado provincial Antonio Rivas, pese a que la propia juez Mercedes Alaya admitió que sólo existen "indicios débiles" contra él. Según este escrito, la única prueba contra el miembro de la ejecutiva provincial del PSOE -la declaración de Fernando Mellet ante la Policía Judicial- es suficiente para llevarle a juicio. "Se identifican indicios racionales de la existencia de un delito de cohecho y un pronóstico razonable de imputación subjetiva (...) Aunque las manifestaciones no han sido ratificadas judicialmente, al haberse acogido los coimputados a su derecho de no declarar, tampoco los declarantes se han detractado de ellas ni han sido contradichas, más que por la declaración del recurrente -Rivas-".
El ex delegado provincial de Empleo deberá afrontar así un juicio ante un jurado por un delito de cohecho. La misma suerte que correrán los dos ex directivos de Mercasevilla cuya petición de comisiones al grupo La Raza quedó registrada en una grabación. Tanto Fernando Mellet como Daniel Ponce intentaron en sus recursos eludir este delito para esquivar así un jurado popular. Se basaron en la argumentación de que no eran funcionarios ni habían sido designados por una autoridad competente. El juez rechaza este argumento: "Mercasevilla es una empresa mixta del sector público local que ejerce una indudable función pública y que presta un servicio público (...) Al ser trabajadores de la empresa, con independencia del cargo que hayan ostentado, tendrán la consideración de funcionarios públicos a efectos penales".
A Regla Pereira, también trabajadora de Mercasevilla, se le aplicará la misma condición de funcionaria pública. La causa abierta contra ella se basa en su presencia durante la conversación grabada en la que se demandó una comisión de 300.000 euros. Una base insuficiente según su defensa, pero bastante para sentarla ante el jurado, según la Audiencia Provincial: "Resulta a priori poco creíble que delante de una persona ajena a los hechos de forma abierta se solicite una comisión que hasta una persona no técnica sabe que es ilegal. Lo que la recurrente -Regla Pereira- denomina sospechas son indicios (...) No podemos decir que la valoración de verosimilitud tras las actuaciones llevadas a cabo resulte ilógica y caprichosa sino respaldada en indicios delictivos suficientes en estos momentos".
Mientras estas cuatro imputaciones siguen adelante, la Audiencia cierra totalmente las puertas al PP. Los populares habían planteado en su recurso que el cierre de la fase de diligencias previas "era prematuro" y habían marcado una línea con sus aportaciones documentales y su petición de testimonios: una trama de prevaricación en la Consejería de Empleo en la concesión de subvenciones basada en irregularidades en el expediente de la ayuda de 900.000 euros concedida a la fundación Mercasevilla para la escuela de hostelería, que fue el punto de partida de la petición de comisiones al grupo La Raza. Esta línea de investigación es rechazada por la Audiencia, que deja las puertas abiertas a que haya irregularidades administrativas en la tramitación.
"Para la existencia de un delito de prevaricación -responde el auto- no basta la posible ilegalidad del acto administrativo (...) Si la declaración de excepcional de la subvención no está justificada podrá ser atacada en la jurisdicción correspondiente (...)No consta en las actuaciones el más mínimo indicio de que el dictado de la resolución sea un plan preconcebido entre el SAE y la directora general de formación para el Empleo y los imputados en noviembre de 2007".
Pese a esto, en el juzgado de instrucción número 6 siguieron ayer las declaraciones solicitadas por el PP precisamente para profundizar en esta línea de investigación. Le tocó el turno a Manuel Gómez, interventor de la Junta de Andalucía, quien negó tener conocimientos concretos de la subvención pese a la advertencia del letrado del PP de que podía estar incurriendo en un delito por no responder a las preguntas. Es esta misma línea de investigación la que llevará al juzgado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuya vista como testigo estaba convocada el martes. El PP censuró ayer que no acudiera a la convocatoria y se quedara en el Parlamento.
