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Rivas y su letrado discrepan sobre el acceso de la juez del caso ERE a las actas del Gobierno

Su defensa y la de Guerrero rechazan que sean secretas como sostiene la Junta pero el exdelegado de Empleo se desmarca de su abogado porque le es "indiferente" y le compete al Supremo decidir si la jueza es competente para levantar ese secreto.

el 26 abr 2011 / 20:39 h.

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Los abogados del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero y del que exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ambos imputados en el caso que investiga la inclusión de falsos prejubilados en ERE subvencionados por la Junta, han alegado a favor de que la jueza Mercedes Alaya tenga acceso a las actas del Consejo de Gobierno de la última década. Sin embargo, Rivas se desmarcó ayer de las alegaciones presentadas sin consultarle por su abogado, Jon Ander, ya que, al igual que la Junta, entiende que las actas son "secretas" y que no le compete a él pronunciarse al respecto al tiempo que esta cuestión le resulta "indiferente".

 

La jueza exigió a la Junta las actas del Consejo de Gobierno desde 2001 que el Ejecutivo le entregó blindadas tras un ultimátum para su custodia en el juzgado mientras el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo resuelve el requerimiento de inhibición presentado por el Gobierno andaluz, que entiende que estas actas son "secretas" y solo compete a la Junta y no a la jueza levantar ese secreto. Ante el recurso presentado, la instructora pidió a las partes personadas en la causa que presentaran sus alegaciones al mismo. Hasta el momento la propia Junta y la Fiscalía han defendido el secreto de las actas y el PP y el sindicato Manos Limpias, querellantes, que la jueza acceda a su contenido.

La abogada de Guerrero defiende en su escrito que la jueza pueda tener "libre" acceso a las actas y muestra su sorpresa y dice "no entender" el hecho de que la Junta de Andalucía, "que presume de colaborar" con la juez, no entregue las referidas actas y "ponga trabas" a este respecto. En cuanto a las alegaciones del letrado de Rivas señala que el caso "requiere una instrucción completa sin partes vedadas al conocimiento de la juez" se opone al conflicto de jurisdicción planteado por la Administración autonómica "partiendo de la base de que, como Rivas es inocente, no hay nada que ocultar", según apuntó el propio Jon Ander Sánchez a Europa Press.

Sin embargo, Rivas se demarcó de las alegaciones presentadas por su abogado y dijo a Europa Press que no "comparte su filosofía". Aseguró que su letrado actuó por su cuenta sin consultarle este posicionamiento, que conoció "por los medios de comunicación".

No obstante, añadió que desde su "total inocencia" le resulta "indiferente que se abran las actas o no". "Esas actas son secretas y en este conflicto debe ser un órgano superior oficial el que determine, pero no yo", subrayó.

Cuando se posicionen todas las partes, la jueza Alaya tendrá que elevar el informe al Supremo con el requerimiento de inhibición de la Junta para que el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales decida si es competente. En el último auto en el que dio 48 horas a la Junta para entregarle las actas para custodiarlas en el juzgado hasta que el Supremo decida, Alaya justificaba su petición de estos documentos en que buscaba en ellos los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre el convenio entre Empleo y el IFA (hoy Idea) para sacar del circuito oficial el dinero destinado a estas ayudas y que fueran gestionadas por el ente público, sobre la ampliación presupuestaria de las partidas destinadas a estas ayudas y sobre los informes de la Intervención que advirtieron de lo inadecuado del procedimiento.

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