Rivera pide a Rojas 36.000 euros por injuriarle

El ex alto cargo pide que rectifique el portavoz del PP de acusarle en los ERE.

el 14 jul 2013 / 22:35 h.

Daniel Rivera. Daniel Rivera.

El ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera, imputado en el caso ERE por cuatro delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación, ha demandado al portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, al que reclama una indemnización de 36.000 euros si no rectifica las declaraciones en las que insinuaba que recibió un puesto de trabajo por no acusar al presidente José Antonio Griñán y a su antecesor, Manuel Chaves, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Rojas se preguntó ante los medios de comunicación “si la recolocación como directivo en una empresa pública de la Junta” –el Hospital de Poniente de Almería– de Rivera “es en agradecimiento a los servicios prestados a los señores Griñán y Chaves o una moneda de cambio a su silencio”. En un escrito que ha recaído en el Juzgado de Primera Instancia 24 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Rivera promueve la celebración de un acto de conciliación a fin de que el dirigente popular reconozca haber proferido dichas manifestaciones y que éstas han vulnerado el honor y la dignidad de Rivera y han supuesto un “grave” desprestigio personal y profesional.

Asimismo, reclama que Rojas se avenga a rectificar públicamente las afirmaciones vertidas y a difundir también esta rectificación por el mismo medio y con la misma amplitud, reconociendo que las citadas declaraciones “han sido producto de un disculpable error provocado por tomar en consideración informaciones no contrastadas y haberlas realizado sin contar con los suficientes elementos de juicio”. El letrado asevera que los hechos atribuidos por Rojas “son completamente falsos”, ya que “lo que se ha producido no es sino una clara bajada –y por lo tanto un perjuicio económico– en los salarios que ha pasado a devengar desde el 13 de septiembre de 2012 en relación con los que fueron percibidos antes de su designación como director general”. “Con temerario desprecio a la verdad”, dice el abogado, el demandado “ha imputado” a Rivera un delito de cohecho, lo cual podría ser constitutivo de delitos de injurias graves/calumnias realizados con publicidad, ya que “se han vertido expresiones injuriosas y calumniadoras con temerario desprecio hacia la verdad”.

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