La defensa del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca cifró en 24 millones de euros los perjuicios económicos derivados de la "mala gestión" de los bienes intervenidos a su cliente en el caso Malaya por parte del que fue administrador judicial, cesado el pasado febrero.
El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, aseguró que se están subastando todos los bienes de su defendido porque no se han atendido los pagos hipotecarios a los que había que hacer frente y anunció que solicitará a través del juzgado que se realice una auditoría, medida ante la que se habrían mostrado de acuerdo los actuales administradores judiciales.
El letrado realizó estas manifestaciones en su intervención en la vistilla de la Audiencia Provincial de Málaga para estudiar los recursos contra el auto que fijaba una fianza de un millón de euros para que Roca eludiera la prisión por el caso de corrupción urbanística en Marbella.
Álvarez aseveró que "han desaparecido bienes" de Roca y afirmó que el ex administrador judicial no ha atendido tampoco distintos procedimientos judiciales en relación con el patrimonio de su cliente, lo que ha originado unos perjuicios económicos que superan los diez millones de euros, cifra que se incluye en la cuantía inicial denunciada por el abogado.
El letrado de Roca señaló también que los bienes trabados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella "están para responder de una hipotética condena en un futuro" de su defendido y destacó que en el caso de que fuese absuelto "tendrían que devolverle los bienes en su mismo estado, cosa que no va a ocurrir porque tenemos un desfase de la cifra nada desdeñable de 4.000 millones de pesetas [24 millones de euros]".
El administrador judicial José Luis Gallardo, que se encontraba a cargo de las sociedades intervenidas a Roca en la operación Malaya, cesó en febrero tras presentar su renuncia al cargo "por motivos personales".
En la resolución, el juez instructor del caso instó a Gallardo a presentar un informe de su gestión en el que se especificaran las retribuciones percibidas y una propuesta de liquidación de sus honorarios y se estableció el nombramiento de dos nuevos administradores judiciales en sustitución del cesante.
