El ex asesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, volvió ayer a prisión, nueve días después de que recuperara la libertad tras pagar el millón de euros de fianza que le impuso el juez del caso Malaya, Óscar Pérez.
Esta vez, Roca vuelve a estar entre rejas por su implicación en el caso Saqueo I. El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, fue quien tomó esta decisión y le impuso al presunto cerebro de la trama Malaya una fianza de tres millones de euros para recuperar la libertad. Ruz tomó esta decisión tras la celebración de una vistilla en la que la Fiscalía y el Ayuntamiento marbellí, constituido en acusación, solicitaron la revisión de las medidas cautelares impuestas a Roca por este caso, por el que se investiga el supuesto desvío de 26,7 millones de euros del consistorio marbellí a empresas privadas entre 1991 y 1995.
El caso Saqueo I fue originado después de que el Ministerio Fiscal presentara una querella en febrero de 2001. En el caso fueron imputados, entre otros, el alcalde de Marbella, Jesús Gil. Entonces, Roca pagó una fianza de 450.000 euros para evitar la cárcel. Es esta cantidad la que el juez Ruz elevó ayer a tres millones de euros -por lo que Roca deberá pagar ahora para salir de prisión 2.255.000 euros-, una medida adoptada por el magistrado atendiendo al "elevado" riesgo de fuga y a la pena de diez años de prisión solicitada por la fiscal anticorrupción Belén Suárez. Con esta decisión, además, Ruz acalla las protestas surgidas tras la fianza de un millón de euros fijada por el juez Pérez por el caso Malaya y que llevó a Roca a recuperar la libertad tras abonar esa cantidad el 14 de abril.
El juez que instruye la operación Malaya le impuso a Roca esa cantidad desoyendo al fiscal, que solicitó una prórroga de otros dos años de cárcel. El ex asesor de Urbanismo marbellí tan sólo tardó 17 días en reunir el dinero. De hecho, grupos políticos y colectivos sociales protagonizaron entonces diversas protestas para rechazar la cuantía impuesta para eludir la prisión. Incluso, al día siguiente de que Roca saliese de la prisión de Albolote (Granada), el juez Pérez solicitó a la Policía Nacional que investigara el origen del millón de euros pagado como fianza, a pesar de que antes había reconocido la elevada posibilidad de que el acusado tuviera fondos en paraísos fiscales.
Liberar sectores. El juez Ruz, precisamente, destaca en un auto que contra Roca existen otras 44 actuaciones judiciales pendientes y que hay indicios de que el acusado cuenta con "patrimonio en el extranjero, de difícil control e incautación judicial", y cita el testimonio de particulares que apuntan a que Roca es titular de cuentas bancarias en "territorios calificados como paraísos fiscales".
Ruz, que considera "elevado" el riesgo de fuga del acusado, tiene en cuenta la entidad de las penas solicitadas en el caso Saqueo I, que suman los 10 años de prisión: "Estos sólidos indicios de criminalidad en absoluto han quedado debilitados a lo largo del tiempo, habiéndose por el contrario reforzado la presunción de su irregular proceder", reza el auto. Otro de los motivos que potencian el riesgo de fuga es la cercanía de la celebración del juicio oral, dado que la apertura de la vista oral se decretó en un auto de abril de 2006.
