"Economista, empresario y político español" que formó parte de "todos" los equipos redactores de todos los programas del PP desde 1995 y 2004 e identificado "siempre" en el equipo de colaboradores de Rodrigo Rato, ex director del Fondo Monetario Internacional. Ese atractivo perfil es el que aparece al navegar en Internet en busca de datos sobre Manuel Rodríguez de Castro, conocido en las páginas de los periódicos y en los despachos del Tribunal de Cuentas, pero no por su brillante expediente ni por haber estudiado leyes en Harvard, como sostiene el resumen de su currículum.
El intento de lavar la imagen en la red del ex delegado de la Zona Franca de Cádiz hace que directamente aparezcan datos falsos. "En febrero de 2001 cesa voluntariamente de todos su cargos oficiales", dice la información sobre Rodríguez de Castro, se se vio obligado a dimitir después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión y los 1,33 millones de euros que gastó en viajes y regalos justificándolos como gastos de protocolo. Igual es a eso a lo que se refiere de forma indirecta el currículum divulgado por internet: "Viajó permanentemente entre un lado y otro del Atlántico hasta conseguir lograr su objetivo".
Miami, Pozuelo de Alarcón y México. Rodríguez de Castro se vio obligado a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por 1,33 millones de euros que gastó en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión, un millón más de lo previsto, según los informes internos de control presupuestario de la Zona Franca.
El delegado se marchó pero no ofreció explicaciones sobre estas denuncias y otras relacionadas con la supuesta contratación irregular de personas vinculadas al PP y a su actividad en numerosas empresas privadas, cuando la Ley de Altos Cargos del Estado le limitaba en este ejercicio.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, reveló ayer en el Congreso que este órgano abrirá diligencias previas para exigir responsabilidades contables por las irregularidades detectadas por este órgano en la Zona Franca de Cádiz durante los años 2001-2004, cuando eran delegados del Estado los dirigentes del Partido Popular (PP) Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna.
Esta actuación llega después de la solicitud de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y de la Abogacía del Estado a raíz del contenido del informe definitivo sobre la fiscalización del Consorcio de la Zona Franca gaditana que confirmaba las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos, la recepción de subvenciones o en la adquisición de empresas. Según ese documento, las decisiones de los delegados del PP llegaron a poner en riesgo casi 31 millones de euros, más del 60% del patrimonio del recinto fiscal.
