El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo el sábado que el auto dictado el viernes por el juez Baltasar Garzón, en el que vincula a Batasuna y ANV, contiene "indicios importantes" para la ilegalización de ANV y añadió que ETA "no puede tener las pistolas en una mano y la política, en la otra".
El ministro manifestó que el auto de Garzón contiene un indicio "importante" de las relaciones que existen entre Batasuna y ANV, "que viene a demostrar que la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía y la Audiencia Nacional investigan y trabajan".
Además, subrayó que si un día la Fiscalía y la Abogacía del Estado "reúnen el número de indicios suficientes", se acudirá a los tribunales para "reclamar la ilegalización de ANV". "Estamos trabajando y no dejamos ningún día de hacerlo", dijo, pero insistió en que se irá a los tribunales "cuando se tenga la garantía" de que se ganará, no antes ni después. Rubalcaba subrayó que el Estado "no consentirá nunca que ETA tenga la pistola en una mano y la política en la otra."
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón relataba en el auto de encarcelamiento de la dirigente de Batasuna Marije Fullaondo, que ingresó el viernes en prisión, que la líder abertzale había recibido información "o rendición de cuenta" por parte de responsables de ANV. Además, el magistrado alegaba que Fullaondo está en la nómina del PCTV, cuya ilegalización también reclaman, entre otros, el PP.
Esta conexión, según consta en el auto del juez, será objeto de un análisis "más profundo" en su momento. Esta sería una de las razones por las que ANV no estaría presente en las próximas elecciones generales del 9 de marzo, ya que Garzón podría decretar la suspensión de sus actividades si llega a la conclusión de que es sucesora de Batasuna y, por tanto, un instrumento al servicio de ETA.
Encierro. Mientras tanto, la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat inició anoche "un encierro indefinido" en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián para denunciar la conculcación de derechos y "la brutal represión" que a su juicio sufren un total de 710 de estos reclusos. Según sus portavoces, durante el encierro en un sótano de la catedral donostiarra esperan recabar "el compromiso" de instituciones y partidos políticos.
Denunciaron además la situación de 12 presos con enfermedades graves e incurables, a quienes "no pondrán en libertad si no es para morir, a no ser que se arrepientan de sus ideas".
