Tras la declaración del país en estado de alarma, medida excepcional en democracia adoptada el sábado para poner fin al caos por el cierre del espacio aéreo español, los controladores se incorporaron a sus puestos de trabajo.
Y ayer la tónica se mantuvo, pues no se registraron ausencias sin justificar en los cambios de turno, con lo que la normalidad regresó poco a poco a los aeropuertos, que gestionaron las operaciones de salida y entrada previstas, pero con dificultades para reajustar algunos de los vuelos cancelados. A última hora de la tarde, 335.000 personas habían emprendido sus viajes.
La primera consecuencia del caos vivido en el inicio del Puente de la Constitución se tradujo en la apertura, por parte de Aena, de 442 expedientes disciplinarios a los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo, a los que adujeron enfermedad sin presentar justificante y a los que no acudieron porque defendían que ya habían cumplido las horas que dicta la ley, muchos de los cuales ya han sido notificados, según informó ayer el ministro de Fomento, José Blanco.
El titular de este departamento explicó que las sanciones derivadas de los expedientes serán individuales y pueden acarrear desde su archivo, hasta una sanción económica o la pérdida del empleo. Blanco insistió en que el colectivo actuó de una forma "irresponsable" y que ello no puede quedar impune, por lo que deben recibir las sanciones oportunas registradas en la ley.
Contundente se mostró también el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que extrajo como conclusión del caos aéreo provocado por la huelga encubierta de los controladores que "quien le echa un pulso al Estado, lo pierde".
Ésa es la lección que se puede sacar del conflicto, señaló Rubalcaba a Onda Cero, poco después de justificar las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno tras la situación generada en los aeropuertos, como la declaración del estado de alarma.
"Había que hacerlo" porque "no puede ser que periódicamente se eche un pulso al Estado sin que el Estado responda", subrayó el vicepresidente, que dejó claro que la "irresponsabilidad" y la "tropelía" de los controladores "no les van a salir gratis".
Rubalcaba aprovechó para negar, como denunciaron algunos controladores, que miembros del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad hayan obligado "a punta de pistola" a algunos a incorporarse a sus puestos de trabajo.
Y sobre las críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por no ser él quien informara públicamente del estado de alarma, Rubalcaba aseguró que el jefe del Ejecutivo ha estado al frente de la nave en todo momento y fue él quien finalmente tomó las decisiones.
El PP, por su parte, declaró que dará al Gobierno todo el apoyo que necesite para solucionar el caos aéreo y remontar las dificultades económicas que se deriven, pero no dejará de exigirle que aclare sus negociaciones con los controladores durante estos días y los últimos años.
Así lo dijo la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien dejó claro que la responsabilidad de lo ocurrido en los aeropuertos es de los controladores, a quienes exigió que se aplique todo el peso de la ley. Lo que han hecho "no es admisible en democracia".
Del otro lado, los controladores no quisieron hacer declaraciones por la incertidumbre que supone estar sometidos a un régimen militar con el estado de alarma. Mientras esté en vigor, dijo ayer el ministro de Fomento, "no hay interlocución sindical".
Pero en una página de internet, el portavoz de USCA, César Cabo, calificó de "desmedida" la reacción de los controladores, que se produjo "provocada por meses de acoso, una ley y varios decretos" que recortan los derechos del colectivo.
Incidió en que el "caos de estos días" se ha originado tras quitarles "un convenio" y después de una campaña brutal de meses "de desprestigio en contra de la profesión". Cabo aseguró que los controladores sólo piden estabilidad laboral y que cese el acoso y la discriminación contra ellos.
