El empresario José María Ruiz-Mateos ha asegurado que se siente "orgulloso y feliz" por haber trabajado "siempre para la clase obrera", al tiempo que ha asegurado que no se "arrepiente de nada", ya que "la culpa de todo la tiene un banquero y el Banco Santander", refiriéndose así a su imputación por una presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la compraventa de un hotel.
Ruiz-Mateos ha hecho estas declaraciones tras llegar por un retraso en el avión 45 minutos tarde al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para declarar en calidad de imputado por la citada supuesta estafa, mientras que, por otro lado, este martes también ha sido citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 9 por otra estafa de 7,3 millones a Inversiones Insulares Radó.
El empresario, quien ha sido recibido por una decena de curiosos y una quincena de periodistas, ha afirmado que se siente "orgulloso, satisfecho y feliz de haber trabajado para la clase obrera", al tiempo que ha criticado que le han "obligado" a venir a Palma "a la fuerza", por lo que ha criticado que "no hay justicia".
Ruiz-Mateos, quien ha llegado acompañado de su abogado, portaba un certificado médico, con el fin de justificar su ausencia el pasado 12 de enero, cuando el fundador de Nueva Rumasa tenía que comparecer por el primero de los dos casos.
El empresario hubiese sido detenido si este martes no se hubiera presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, donde ha sido citado por tercera vez por una presunta estafa de 13,9 millones de euros a IGM.
Después de que el pasado día 12 el fundador de Nueva Rumasa no compareciese por el primero de los dos casos, la jueza volvió a citar al encausado bajo el apercibimiento de que si de nuevo no se persona se ordenará su busca, detención y presentación en el Juzgado.
Cabe recordar que la defensa de Ruíz-Mateos entregó a la anterior instructora una carta médica en la que exponía los motivos por los que quien fuese patriarca del 'holding' empresarial no acudió el pasado mes de julio a su primera cita con la magistrada y que concretaba en problemas de movilidad derivados de la enfermedad de parkinson que padece.
El empresario volvió a ser citado a declarar el 12 de enero de este año después de que el forense emitiese un informe que concluía que no existe impedimento médico alguno para que el encausado se traslade hasta la capital balear para prestar declaración.
Por el contrario, sí han comparecido ante la jueza varios de sus hijos, contra los que también se dirige la querella que interpuso el Grupo Miralles y quienes han coincidido en atribuir a su padre todas las negociaciones en la compra de un hotel al Grupo Miralles, operación que habría dado lugar a la presunta estafa.
Mientras tanto, el empresario jerezano ha sido citado esta misma jornada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien este mes decretó la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer 'apud acta' cada quince días en dependencias judiciales a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, a raíz de la denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal.
DEUDA DE 7,3 MILLONES A LA FAMILIA RADO
En concreto, la familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles 'Beverly', lo que le llevó a interponer una denuncia ante la Fiscalía de Baleares contra los Ruiz-Mateos por presunta estafa en la operación de compraventa de las dos instalaciones hoteleras.
Los empresarios mallorquines sostienen que Nueva Rumasa constituyó distintas hipotecas sobre los inmuebles adquiridos al día siguiente de la operación y que los fondos que obtuvieron "no se destinaron al pago de la deuda" contraída en la operación. La denuncia fue presentada en marzo de 2011 ante el Ministerio Público, que remitió el caso a Madrid al considerar que podría involucrar a numerosos afectados si bien finalmente le fue devuelto.
En el marco de esta demanda, el Juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid decretó el embargo preventivo de siete fincas propiedad de Nueva Rumasa solicitado por Inversiones Insulares Radó.
