Caja Rural del Sur, que surgió a principios de esta década tras la unión de las rurales de Huelva y Sevilla, se encuentra inmersa en la gestación de un SIP (una fórmula de alianza financiera reforzada, aunque no se trata de una fusión pura y dura) con una veintena de rurales españolas, entre ellas varias andaluzas. La operación, que encabezan ella misma y las cajas de Valencia, Navarra, Asturias y Granada, se ultima en estos momentos y los próximos meses serán claves.
El despacho de abogados Garrigues y una consultora especializada han finalizado ya los estudios que se encargaron para abordar la operación y la entidad sevillana, que preside José Luis García Palacios, se dispone a comenzar a trabajar. No en vano, hoy mismo pedirá autorización a su asamblea general para entablar las negociaciones precisas, aunque fuentes del consejo rector -las rurales son cooperativas de crédito- indicaron ayer a este periódico que aún no hay nada cerrado y que queda mucho por hacer.
No cerrado. "A la asamblea general extraordinaria [se celebrará tras la ordinaria, en la que se aprobarán las cuentas de 2009] no se llevará un principio de acuerdo, porque este tipo de operaciones son complejas". Eso sí, agregaron, existe la firme confianza de que el proceso saldrá adelante -"ya tenemos experiencia con la fusión de las rurales de Sevilla y Huelva, que fue muy avanzada para su época", agregaron las fuentes- gracias a la hoja de ruta diseñada.
García Palacios, en una entrevista con este diario el pasado octubre, revelaba los entresijos de la operación, y destacó que ninguna de las rurales implicadas perderá su identidad, sino que todas saldrán fortalecidas. El SIP (Sistema Institucional de Protección) es una alianza reforzada donde se unen las cuentas, los balances y culturas de trabajo, pero quedan intactas la identidad y personalidad jurídicas. El negocio conjunto, 50.000 millones de euros.
