La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, dictó ayer auto de libertad bajo fianza de 300.000 euros para el empresario Juan Antonio Galán, en prisión incondicional por su presunta implicación en la operación Poniente. Dicha operación investiga una supuesta trama de corrupción en el municipio de El Ejido (Almería), por la que se mantiene en prisión incondicional al alcalde del municipio, Juan Enciso (PAL).
Galán tendrá que comparecer ante el juez semanalmente, no podrá salir de España, se le retirará el pasaporte y no podrá mantener relaciones comerciales con el Ayuntamiento de El Ejido así como con la empresa mixta de servicios municipales Elsur.
El cabecilla de la ramificación madrileña de la red quedará en libertad tras pasar en cautiverio cerca de siete meses. Según se desprende de las escuchas telefónicas que componen parte del sumario, Galán podría haber obtenido financiación para sus deudas a través de fondos ICO, el Plan Proteja y Plan E, ya que en una de sus conversaciones indicaba que estaba a la espera de recibir "unos 300.000 euros" provenientes de estos fondos, ingreso que "le estaría gestionando" el ex interventor de El Ejido, José Alemán, y "por cuyo favor" Galán "debería pagarle" la comisión al ex interventor.
Los informes conocidos hasta el momento profundizan en la relación entre Galán y Enciso, quien le reclamaba "de forma continua" distintas cantidades de dinero que "no estarían justificadas en ningún concepto" y que estaban ligadas, supuestamente, a las transacciones económicas de la empresa Elsur.
Los investigadores hicieron un seguimiento sobre las transferencias de capitales de Galán a Costa Rica, donde las conversaciones revelaron el envío de una remesa de 130.000 dólares al país centroamericano, por lo que la juez citó a declarar en calidad de testigo al cónsul honorario de Costa Rica en Santander, Leandro Sáinz de La Riva.