El Correo
"Interés partidista". Eso es lo que el PP busca del caso Mercasevilla, según criticó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado. Mientras, los populares, que han llevado el caso al Congreso, insisten en denunciar que el Gobierno no hace nada.
Salgado aseguró que la actitud del PP al plantear en el debate político nacional el caso de Mercasevilla y preguntar sobre la actuación del Gobierno central en él, responde a un "interés partidista" que pretende contrarrestar los resultados que los populares obtienen en Andalucía.
Durante la sesión de control al Gobierno, Salgado -que fue finalmente la encargada de contestar sobre el caso de supuesto cobro de comisiones ilegales en lugar de, como estaba previsto, Manuel Chaves- acusó al PP de usar "permanentemente" el Congreso de los Diputados para plantear cuestiones que atañen a la Junta de Andalucía y no al Gobierno central. Según dijo la vicepresidenta, el PP está "intentando conseguir aquí lo que no consiguen en Andalucía ni en el Parlamento Andaluz y, por supuesto, en las urnas".
Salgado mantuvo que el Gobierno central no tiene competencias en la gestión interna de Mercasevilla al tener Mercasa -empresa nacional dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- únicamente el 48% de las acciones y al ser el Ayuntamiento de Sevilla el accionista mayoritario de la empresa de abastos.
No obstante, la responsable de Economía mantuvo que Mercasa coopera "de forma activa y transparente" con la administración de justicia para esclarecer los hechos sobre el presunto cobro de comisiones ilegales destapados. Al respecto, reiteró que fue la Junta la que puso en conocimiento de la Fiscalía los mismos, tras tener conocimiento de las grabaciones que recogen cómo dos directivos de Mercasevilla pidieron presuntamente a los empresarios del grupo hostelero La Raza una comisión a cambio de obtener una subvención para crear una escuela de hostelería.
El diputado del PP Ricardo Tarno lamentó que la Junta sólo hubiera comunicado a la Fiscalía los hechos que conocía y que ni esta administración ni el Ayuntamiento ni el Gobierno central hubieran acudido a los juzgados a denunciarlo. Se preguntó por qué la Abogacía del Estado no se personó en el caso como acusación particular. Juan Ignacio Zoido, diputado andaluz y portavoz municipal del PP, pedirá hoy en el Parlamento que la Junta aclare la relación entre Juan Lanza (que en las grabaciones aparece vinculado a los expedientes de regulación de Mercasevilla) y la Consejería de Empleo. Mientras, Chaves aseguró que el PP pretende "compensar" su actuación "en otros temas" y el consejero de Empleo, Antonio Fernández, instó a Zoido a que deje de "mentir y calumniar" sobre el supuesto cobro de comisiones.
