España es, además de uno de los últimos países europeos que retornará a la senda del crecimiento en torno a mediados de 2010, el que está sufriendo con mayor virulencia los efectos de la crisis sobre el mercado laboral. Con más de 3,8 millones de parados inscritos en las antiguas listas del INEM el pasado octubre -de los que casi un millón se registró en el último año-, las previsiones del Gobierno pasan por que aún nos espera un año de destrucción de empleo, tendencia que invertirá hacia finales del próximo ejercicio.
Es un argumento con suficiente peso como para que el Gobierno aborde cualquier opción que suponga frenar esa sangría laboral. En ese contexto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró ayer dispuesta a estudiar la implantación en España del modelo que ha llevado a cabo Alemania para atenuar el aumento del paro durante la actual crisis económica, que se basa en una reducción de la jornada laboral que se compensa con prestaciones sociales para los trabajadores.
De lo que se trata, según Salgado, es que los trabajadores de empresas que han tenido o tienen problemas barajen "la opción de compatibilizar una prestación por desempleo, es decir, un pago realizado desde los presupuestos públicos, con el mantenimiento de algunas horas de trabajo".
"Si ha tenido buenos resultados en otros países, y si en nuestro país las organizaciones sindicales están dispuestas a hablar de este tema, el Gobierno también lo está", se pronunció tras la reunión mensual de ministros de Economía de la UE.
El Ministerio de Trabajo recoge, en una publicación de octubre, el llamamiento que ha realizado la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) a todos los estados miembros de la organización "a copiar el modelo alemán" de jornada reducida y, de este modo, "conservar puestos de trabajo a través de subvenciones estatales en vez de despedir a trabajadores en tiempos de crisis", reza.
Más barato. Ante el temor de que a la crisis económica le siga otra laboral, la OCDE apunta a que "el mantenimiento artificial y transitorio del empleo apoyado por el Estado sale más barato y, desde el punto de vista social, es más sensato que aceptar despidos colectivos y masivos".
En Alemania, la aplicación de la reducción de jornada -que consiste en trabajar menos horas que se compensan, en términos de salario, con una aportación pública- ha ahorrado al país germano medio millón de desempleados más, según el informe.
No obstante, la OCDE también advierte del peligro de que esta medida también pueda convertirse en un "escollo" para la recuperación económica si la prestación "se destina a mantener de forma artificial a empresas que económicamente ya no son viables".
Por esta razón, alude a ejemplos como el de Holanda, en el que la ayuda está ligada a condiciones más estrictas, ya que las empresas deben reembolsar la mitad del dinero si despiden a los trabajadores en los tres meses posteriores a la finalización de la prestación.
Petición sindical. En España, los sindicatos han lanzado la propuesta para su análisis, intención que apoya Elena Salgado y que se debatirá en el marco del diálogo social en las próximas semanas. Junto a ello, las organizaciones sindicales se han pronunciado a favor de abordar una eventual reforma laboral, aunque sin tocar los derechos de los trabajadores y sin hablar de abaratamiento del despido, como ha venido sugiriendo la patronal CEOE en los últimos meses, y que fue motivo de ruptura del diálogo.
