Economía

Salgado enmienda a Ocaña y no tocará el sueldo a los funcionarios

La ministra dice que el ahorro llegará del recorte de la oferta pública de empleo.

el 25 feb 2010 / 20:37 h.

Elena Salgado, acompañada ayer de José Blanco.

Un solo día. Es lo que ha durado la posibilidad de revisar el pacto salarial de los funcionarios suscrito hace cinco meses y con vigencia hasta 2012.

La vicepresidenta segunda del Gobierno Elena Salgado, corrigió ayer al secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, al señalar que el acuerdo salarial pactado con los sindicatos se va a respetar "absolutamente y al cien por cien", por lo que no habrá congelación de sueldos.

Después de que Ocaña dijera el pasado miércoles que estaba sobre la mesa revisar el pacto por la necesidad de recortar el gasto de personal de la administración en un 4% en 2013, Salgado afirmó ayer lo contrario.

En rueda de prensa flanqueada por los ministros de Fomento, José Blanco, y de Industria, Miguel Sebastián, Salgado aseguró que ese ahorro del 4% se conseguiría "simplemente" centrándose en la tasa de reposición y precisó que la reducción a la que se refiere el capítulo de gasto de personal no afectará a las retribuciones, sino recortando la oferta pública de empleo.

Al respecto, puso como ejemplo que si no se cubriera ninguna plaza de los empleados públicos que se jubilen, el recorte de gasto alcanzaría el 7%. Por ello, destacó que con esa medida ya se conseguiría el objetivo del 4% y sin tocar los sueldos.

Sobre esta aclaración y las dadas acerca de las pensiones anteriormente, Salgado dijo que quiere que los fallos de comunicación se puedan reducir a la anécdota y subrayó que el Ejecutivo ya está trabajando "en ello".

Entretanto, los sindicatos criticaron y rechazaron el anuncio de Ocaña. El secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social de CCOO, Carlos Bravo, lo consideró "desafortunado" e "incongruente". En su opinión, "no es bueno" que después de tener un compromiso haya declaraciones que lo contradigan.

A su juicio, éste es un hecho que "no es la primera vez que ocurre", por lo que aconsejó al Gobierno que intente "controlar o limitar" estos "movimientos no demasiado coherentes".
Desde USO se pidió al resto de sindicatos un "frente común" para la defensa de los derechos de los empleados públicos.

Pero lo cierto es que los sindicatos de la Función Pública respiran más tranquilos después de que el Gobierno haya salido "en tromba" a la palestra para garantizar que no tocará el salario de los funcionarios y que respetará el contenido de lo pactado con CCOO, UGT, y CSI-CSIF en el acuerdo trianual de 2010-2012.

Así, los tres vicepresidentes del Gobierno salieron al paso de las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que se hizo cargo del área de Función Pública tras la última remodelación del Ejecutivo, telefoneó personalmente a los tres sindicatos firmantes para garantizarles el cumplimiento del acuerdo.

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, hizo lo propio en una entrevista con RNE, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, comparecía ante los medios de comunicación. Y, entre tanto, el Ministerio de Economía difundía un comunicado, por si quedaba alguna duda, asegurando que se respetará íntegramente el acuerdo, que contempla una subida salarial del 0,3% en 2010.

Así, al secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, tanta "contundencia" en aclarar las cosas le dejó ciertamente "más tranquilo". Además, precisó que "ya dábamos por hecho que en una situación como ésta, la oferta de empleo público tendría que verse sometida a algún tipo de sacrificio".

Mientras, el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, declaró que se siente "relativamente tranquilo" tras recibir la garantía de De la Vega.

Lo que sí confirmó Elena Salgado es que "el Gobierno va a hacer el máximo esfuerzo de racionalización de su propio sector", lo que incluirá "una reducción importante del número de empresas públicas".

Los detalles se presentarán en marzo. Según precisó, "puede haber empresas con actividades conexas que puedan fusionarse en una única", lo que permitiría abrir una vía de ahorro en el seno de la Administración General del Estado. La ministra de Economía pidió "el mismo esfuerzo" a las comunidades y ayuntamientos.

Preguntada por la posibilidad de suprimir ministerios, Salgado afirmó que, aunque "lo importante son las políticas", ello supondría un "gesto a la galería que no tendría mayor utilidad" y que el Gobierno sólo se plantea un "proceso importante de reestructuración" del sector público.

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