La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que hay indicios de que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que respondería a una decisión política y que se crea indiciariamente en vía presupuestaria.
En un auto notificado ayer, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya rechaza la petición del abogado de la expresidenta del consejo de administración de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), Encarnación Poto, de que abra una pieza separada sobre su caso.
La juez se niega al entender que el nexo causal de Acyco con los expedientes de otras empresas no es únicamente Guerrero, ya que éste ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, por decisión política y supuestamente creado por vía presupuestaria.
De este modo, no sería Guerrero, como se está exponiendo en la instrucción, el único responsable del uso de las transferencias de financiación, y por consiguiente de la concesión de subvenciones sin observar el procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención.
El abogado de Poto proponía separar las piezas de la causa que nada tienen que ver unas con otras, pues Acyco no tiene nada que ver salvo el único nexo causal de todas como es Guerrero con Río Grande, ni con Aglomerados Morell, ni con todos los expedientes de la Sierra Norte.
Además, Poto, que tiene su exiguo patrimonio embargado, hasta la pensión de jubilación, quiere que todo esto termine, quiere ser juzgada si así lo dispone el Ministerio Fiscal, y no quiere verse sometida a dilaciones indebidas, pues desde que la misma prestó declaración hace más de un año, ni una sola diligencia se ha practicado en relación con Acyco. El abogado de la empresaria teme retrasos, ya que el caso que instruye Alaya por los ERE fraudulentos se ha convertido en un macroproceso con 123 imputados, y la juez ha señalado como posibles implicados a cargos aforados, por lo que la causa puede acabar en el Tribunal Supremo en Madrid.
Por otro lado, la jueza imputó ayer al exviceconsejero de Economía José Salgueiro por haber sido uno de los promotores del procedimiento ilegal y arbitrario de concesión de subvenciones sociolaborales que la Junta de Andalucía instauró en 2000 y que perduró hasta 2011.
Salgueiro, también expresidente de Renfe, se acogió a su derecho a no declarar por consejo médico, ya que debe evitar el estrés. La jueza le imputó delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos porque como viceconsejero entre 1990 y 2004, y en los meses en que fue consejero de Economía en 2004, consintió las modificaciones presupuestarias investigadas, un procedimiento al margen de la ley que permitía un uso ilícito de fondos públicos con absoluta discrecionalidad.
Según el acta de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Efe, el procedimiento ilegal consistiría en usar las llamadas transferencias de financiación, no previstas para subvenciones, para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas, y en usar una de esas empresas, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para realizar los pagos.
Aunque el sistema buscaba dar mayor agilidad a las ayudas sociolaborales, su finalidad básica era eludir el control que significaba la fiscalización previa de la Intervención General, dice la jueza, incumpliendo los principios que la administración está obligada a respetar como la imparcialidad, transparencia y no discriminación. Las siete ayudas tramitadas durante la época de Salgueiro sumaban 93 millones de euros. La titular de la consejería en aquella época, Magdalena Álvarez, está citada como imputada el día 8.
