Policías saliendo del domicilio de la familia de Alcalá. / J.M.Paisano (Atese)
Prudencia y tranquilidad es lo que quiso transmitir ayer la consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, en una comparecencia pública que aportó pocos datos sobre el origen de la intoxicación que costó la vida el sábado a un matrimonio y a su hija en Alcalá de Guadaíra porque aún no están los resultados definitivos de todas las muestras extraídas y de las autopsias y, además, la jueza ha decretado el secreto de sumario. Sánchez Rubio solo lanzó un mensaje de tranquilidad para los consumidores de Alcalá y de Sevilla ya que, aunque admitió que de manera preventiva se ha inmovilizado una partida de pescado en una tienda de la localidad, señaló que no se ha decretado alerta alimentaria porque no hay indicios de que solo la comida fuera la causante sino que apuntó a que en todo caso ésta pudo contaminarse por alguna sustancia presente en la casa. Además, no han aparecido más casos con la misma sintomatología, ni siquiera en una forma más leve.
Sí quiso salir al paso de los rumores sobre la situación social de la familia y la procedencia de la comida. Los alimentos intervenidos en el domicilio para analizarlos fueron comprados y estaban perfectamente envasados, etiquetados y en fecha apta para el consumo. Pidió respetar la dignidad de la familia tanto a los medios como a los partidos al criticar el oportunismo político del PP y dejó claro que aunque pasaba por dificultades económicas, como ya han dicho sus familiares y los servicios sociales municipales, la comida hallada en su casa no procedía de la basura.
El cabeza de familia, un fontanero desempleado que sobrevivía recogiendo cartones, percibía la Renta Activa de Inserción (426 euros mensuales), que tenía concedida hasta marzo, y había solicitado en octubre el Salario Social, una ayuda de unos 400 euros al mes (hasta 653 según los miembros de la unidad familiar) para personas que han agotado todas las prestaciones. Ya lo recibió en dos ocasiones anteriormente.
Sánchez Rubio sacó pecho de las políticas sociales de la Junta para paliar los efectos de la crisis y los recortes 55.577 andaluces perciben el Salario Social (el doble que en 2012), después de que la vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP-A, Alicia Martínez, denunciara que se tarden diez meses en atender a una persona que necesita un salario social y criticara que se dé una imagen de Andalucía como si fuera el paraíso social donde todas las personas están perfectamente atendidas porque la realidad es bien distinta. Paradójicamente, Martínez instó a un pacto social para evitar que tragedias como ésta se utilicen de forma demagógica por los partidos, justó lo que le afeó la consejera. La delegada del Gobierno, Carmen Crespo, invitó a reflexionar y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, pidió no especular.
La responsables de Salud también defendió la actuación de los servicios de emergencias que, por dos veces, acudieron al domicilio de la familia ante sus llamadas, al asegurar que aplicaron el procotolo ante el cuadro de vómitos y diarreas que presentaban todos atribuíble a una toxinfección alimentaria. La primera llamada fue a las 2.55 horas de la madrugada del sábado y la segunda a las 9.09. La primera vez no se apreciaron síntomas tan graves como para trasladarlos al hospital, por lo que Sánchez Rubio insistió en que la virulencia del caso no es normal y los análisis darán la clave. El avance de la autopsia solo indica que fallecieron por parada cardiorrespiratoria pero serán los análisis toxicologícos de alimentos, agua y otras sustancias que no quiso desvelar los que determinarán la sustancia que la provocó. En cuanto a la otra hija del matrimonio, que sigue ingresada en el Virgen del Rocío y evoluciona bien, parece que comió algo distinto aunque sí tuvo síntomas siempre más leves. Está siendo atendida por psicólogos.
