Más casos de VIH, tuberculosis y depresión, un repunte en la aparición de enfermedades mentales y la merma en el acceso a servicios considerados antaño universales. Son las conclusiones de un devastador informe publicado en la revista británica The Lancet sobre cómo los recortes en sanidad pueden tener un efecto demoledor. Su punto de mira no es España ni Andalucía, sino la Grecia de la troika, sacudida por un rescate que le libró de la quiebra económica, pero le obliga a pagar un peaje que afecta al derecho, tal vez, más esencial: el que vela por su vida y por la calidad de la misma.
La salud es lo primero. O lo segundo, según el Barómetro Sanitario del CIS elaborado para el Ministerio de Sanidad, en el que la mitad de andaluces y el 42% de españoles centran su prioridad en buscar un trabajo. Hasta el siglo pasado hace nada, su condición de derecho estaba blindado en ese muro infranqueable llamado Estado del Bienestar. Pero casos como el de Grecia arrojan cierto halo de incertidumbre sobre su continuidad. ¿Está amenazado el actual sistema sanitario y su universalidad? A primera vista, las voces expertas coinciden en que, al menos, la crisis sí que ha tambaleado los cimientos del sistema y ha menguado su calidad. Tanto que ese derecho universal se ha visto trastocado con la ley de sostenibilidad aprobada hace dos años por el Gobierno central y en el que, entre otras medidas, limita la prestación sanitaria al hecho de estar asegurado quedando fuera colectivos como inmigrantes irregulares.
La incertidumbre es si estas acciones y otras más del ámbito autonómico, que es el competente en materia sanitaria están causando un impacto negativo en la salud. En el papel, es decir, en los datos que maneja colectivos como la Asociación para la Economía de la Salud (AES), parece que sí. En España apuntan a un aumento «en los últimos dos o tres años» de la incidencia de enfermedades de transmisión sexual e infecciosas, así como a una pérdida de adherencia a tratamientos crónicos porque los pacientes «dejan de utilizar medicación frente a la diabetes, hipertensión o colesterol», indica Eusebi Castanyo, vicepresidente de AES, que puntualiza que del «ligero decalaje» también tiene buena culpa un aumento de las desigualdades y la pobreza en un país marcado por el sello de la crisis.
El origen de esta encrucijada, al menos desde la perspectiva de las asociaciones, es de modelo. El sistema, de carácter público y universal y con prestación de servicios, es envidiado. Pero necesita de un dinero que no es tan fácil de obtener como en los tiempos de bonanza. En ese punto coinciden hasta los gestores de hospitales y centros de salud españoles. Una encuesta, realizada a más de un centener de gerentes, resaltaba una mayoría (58%) que consideraba que el sistema sanitario actual no era sostenible. Y el camino emprendido, según la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), de medida definidas como «cortoplacistas» tampoco ayuda. «El presupuesto es insuficiente y no puede acumular déficit durante cuatro años y esperar a la inyección del Estado para tapar el agujero de la sanidad», explica su presidente, Joaquín Estévez, que aboga por un pacto de Estado que cambie las reglas del juego y abogue por la equidad. En su discurso, entra el debate de las desigualdades entre los 17 sistemas de salud existentes en España. Y pone el ejemplo del fútbol. «Es como si tuviéramos equipos de tres divisiones», manifiesta, incluyendo en la 1ª División a tres comunidades: Andalucía, Cataluña y País Vasco por «su mejor tradición en la gestión».
Urgencias del Hospital Virgen Macarena. / David Estrada
Andalucía no escapa, pese a ello, a los recortes en salud. También se aplican y, de hecho, a estas alturas no se puede podar más el árbol de la sanidad. La propia consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, admite que ya «se han hecho muchos ajustes» en las cuentas y estas están «limitadas al máximo». El límite está en que más de un tercio del presupuesto de la Junta para 2014 (38%) se destina a políticas sanitarias, suficiente para «mantener la calidad del sistema sanitario y su carácter público y universal». Porque, no hay que olvidarlo, la sanidad es cara: 43,50 euros la primera consulta médica ambulatoria, 81,15 euros para una sesión de rehabilitación, 17.093 euros para colocar un marcapasos, 86.833 euros para practicar una traqueotomía o 130.490 euros para realizar un trasplante hepático.
Pero, ¿se ha conseguido con esto salvaguardar realmente la calidad del sistema? El prisma es difícil de desentrañar en una maraña de números que ensombrecen o alumbran unas políticas u otras. Si uno acude a las estadísticas, Andalucía es de las comunidades autónomas que menos invierte en salud (978 euros persona/año frente a los 1.140 euros de media del Sistema Nacional de Salud o los 1.538 euros del País Vasco) y, atendiendo a las comparativas con otras regiones, se sitúa como la que más ha recortado en gasto sanitario desde el inicio de la crisis: un 15,3% respecto a 2008. Pero es igualmente cierto que España es de las que menos invierte en salud per cápita en la Unión Europea y está a años luz de lo que invierte EEUU, según el listado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su sistema, en cambio, es de los más valorados, envidiados e incluso analizados como modelo por la propia comunidad internacional.
Pero tal vez la pregunta no sea en el cuánto sino en cómo. La consejera de Salud, a este respecto, recuerda que esta reducción de costes, además de condicionado por recibir menos fondos de Madrid, se debe a que la mayor parte del ahorro ha venido de emplear la tijera en el gasto farmacéutico. Primero, con la prescripción por principio activo, una medida que «antes fue criticada y ahora sirve de modelo» y que, afirma, ha supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en la última década. Después, con una subasta de medicamentos que ha sido recurrida varias veces desde el Gobierno central y duramente criticado por las empresas farmacéuticas.
Focalizar las medidas hacia ese punto ha servido, según Sánchez Rubio, para eludir otras como las que se han practicado en otras comunidades, como la externalización de la Sanidad, que tanto revuelo y debate social ha generado en Madrid y Valencia. En Andalucía no se ha optado por ese camino: defiende que el 100% de la Atención Primaria es pública y sólo el 3,5% de la hospitalaria es privada y bajo la modalidad mixta del consorcio. E incluso reivindica que la sanidad pública es «más eficiente y sostenible» que la privada. También se resiste a aplicar la limitación al acceso a la salud o «cualquier copago en el ámbito sanitario», ante un temor fundado de que su aplicación haga a los pacientes renunciar a los tratamientos.
Andalucía ha escogido esa senda. Pero, ¿es la panacea? No. También tiene sus detractores. Los más críticos, además de los sindicatos (CCOO, UGT, Satse...), que están al quite en los recortes que se producen en los 1.500 centros de salud distribuidos en la comunidad, es la industria farmacéutica, que ha sido el epicentro del ahorro de costes. José Ramón Luis-Yagüe, director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, no habla de sostenibilidad, sino de solvencia y cuestiona que se centren los recortes en los medicamentos. Cuantifica en el 29% el descenso del coste en prestación farmacéutica ambulatoria y pone sus ojos en Andalucía, cuyo gasto farmacéutico per cápita para 2014 es de 173,8 euros cuando la media estatal se sitúa en 194. «La calidad del sistema también se deteriora si se perjudica el acceso a los fármacos que se necesitan», aporta el representante de la patronal, que dibuja un nuevo escenario en el coste: «¿qué es más caro, tratar la hepatitis C, que cuesta 70.000 euros, o un trasplante, que se dispara a 130.000 euros?»
«La sostenibilidad del sistema está en peligro, incluida Andalucía.En todos lados, en menor o mayor medida, se recorta en sanidad», remarca el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en Andalucía, Alfonso Vergara. Separa el caso andaluz del de otros sistemas sanitarios, pero cuestiona prácticas que «merman la calidad», como la carga de eventuales en centros de salud, que es de hasta el 40%. Al respecto se han producido contratos de horas para cubrir plazas, la consejera de Salud andaluza habla de sentirse «orgullosa» del sistema sanitario andaluz, aunque aspectos como este, el de los eventuales, entran en el paquete de temas a mejorar. Por ello, piden al Estado que abra la mano en la aplicación estricta de medidas de ajuste como la tasa de reposición, que en el sector de la salud está en el 10%. Y parte de la cuenta de la lechera. «Si se jubilan 3.000 profesionales, sólo se cubren 300 plazas y eso perjudica al sistema», recalca.
Pero, más allá del escollo inmediato, se otea en el horizonte otro mayor: la posibilidad de que el sistema muera de éxito. ¿Cómo? La esperanza de vida en 1900 rondaba los 35 años. En la actualidad supera los 82 años. Eso es fruto de que la medicina ha avanzado a tal ritmo que enfermedades, antaño mortales como el VIH, ahora no lo son. Sin embargo, la letra pequeña de salvar vida trae consigo otra: la llegada de una ola de pacientes crónicos que, en el año 2050, será del 27% de la población. Un volumen que para el actual modelo aseguran muchos que es inviable. Otros, como Manuel Ollero, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna y director del Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas, incorpora algún matiz. «Japón tiene un 24% de su población con más de 65 años, algo que Andalucía alcanzará en 2035 y, sin embargo, gasta lo mismo en sanidad», reivindica. Un informe reciente de la OMS, que pretende dibujar el horizonte de la sanidad mundial hasta 2060, señala que el gasto sanitario apenas se incrementará en un 1%.
Pese a ello, la fórmula de escapar a esa ola de cronicidad ya está dibujada en decenas de estudios: la prevención y la promoción de la salud, por un lado; y la apuesta por la atención primaria para evitar el llamado fenómeno del hospitalocentrismo. Pero para ambos caso la apuesta debe ser económica. Desde la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (SamFyC) su vicepresidenta, Eloísa Fernández, lamenta que la buena red de infraestructuras y personal del sistema no venga respaldada por una inversión que, en muchos territorios, no supera el 15% del total destinado a salud. Eso, con el añadido de que se ha aumentado la cartera de servicios en los centros de salud. Andalucía, de momento, está por encima de esa franja: 18,1% frente al 14% de la media nacional. ¿Es suficiente?Seguramente no, pero ya lo marcará el futuro.
EL RESTO DE REPORTAJES POR DERECHO SOBRE LA SALUD, EN LA EDICIÓN IMPRESA.
