La Consejería de Salud ha activado la subasta de medicamentos nada más tener luz verde del Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal ha eliminado la paralización cautelar de este concurso, recurrido por el Gobierno central e ideado por Andalucía para ahorrar en la factura farmacéutica. Mientras que llega una sentencia firme, los laboratorios serán convocados esta misma semana por el Servicio Andaluz de Salud a un concurso público para 372 principios activos y la Junta confía en que esté resuelto en abril, con un ahorro de 200 millones de euros. Más de la mitad de las recetas expedidas en la comunidad están afectadas. La consejera de Salud, María Jesús Montero, exigió ayer lealtad al Ministerio y denunció que se están volviendo a producir presiones a los laboratorios para que no se presenten a la convocatoria del SAS. Existe un duro pulso político entre ambas administraciones con la gran industria farmacéutica como protagonista.
La subasta de medicamentos garantiza al laboratorio que haga la oferta más ventajosa y que gane el concurso, que los medicamentos genéricos que se dispensen en las farmacias con recetas del SAS serán de su marca. Economía de escala. El farmacéutico ya no dispensa el genérico que quiera sino el que ordene la Junta. Desde junio, la subasta funciona ya para algunos grupos de medicamentos muy comunes (protectores gástricos, contra el colesterol y para prevenir trombosis o infartos), con un ahorro estimado de 22 millones de euros.
Es un negocio seguro. Nueve de cada diez recetas que se extienden apuestan por un principio activo y con el nuevo lote que saldrá a subasta más o menos la mitad de la factura farmacéutica andaluza, al margen de hospitales, estará en manos de los laboratorios que ganen. Andalucía supone el 20% del negocio estatal. Pero también obliga a la industria a ajustar sus beneficios. Oficialmente no se pueden tocar los precios (es competencia estatal) y deben ofrecer ventajas económicas. Por ejemplo ofrecer lotes de fármacos gratis o comprometerse a comprar tecnología para los hospitales.
En este punto entra la amenaza del Ministerio de Sanidad que vuelve a amenazar con bajar el precio del medicamento para todo el país de aquellos laboratorios que opten a la subasta andaluza. Ya ocurrió en marzo, en víspera de las elecciones andaluzas. Muchas empresas plantaron a la Junta y el concurso quedó desierto para algunos fármacos.
Ahora la legislación estatal ha cambiado y supuestamente se obliga a dispensar siempre el medicamento más barato. Quien ofrezca el medicamento más ajustado de precio en Andalucía podría, de rebote, quedarse con un buen pellizco del negocio estatal. Es complicado y el director de Farmacia del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, ha advertido severamente a la industria. En una entrevista publicada semanas atrás en Diario Médico, Rivero vuelve a asegurar que se bajará el precio nacional de cualquier medicamento que concurra al concurso. El mensaje disuasorio hacia los laboratorios es claro y ese anuncio político en la práctica puede anular el interés de las empresas de concurrir a la subasta. No obstante, la consejera de Salud aseguró que confía en que el nuevo concurso público no quede desierto y aseguró que es también una buena oportunidad para los pequeños laboratorios. "En este caso el tamaño no importa", aseguró Montero, dejando claro que solo deben cumplirse los principios de la adjudicación pública y tener capacidad de producción suficiente.
Para calibrar la magnitud del concurso, Salud señaló ayer que 9.600 marcas comerciales pueden verse afectadas. Se adjudicarán lotes por un importe de 890 millones de euros y la Junta confía en ahorrar un 25%. Montero confió en las palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que aseguró que el Gobierno acata la decisión del Constitucional y advirtió de que las amenazas del Ministerio son "una gran deslealtad".
