La consejera de Salud, María Jesús Montero, presentó ayer el informe "Medidas de eficiencia en el sistema sanitario público de Andalucía" y negó reiteradamente que, pese a que la asignación a su departamento cae un 9% en el Presupuesto de 2013, se vayan a producir recortes en las prestaciones públicas o en medicamentos prescritos en el Sistema Andaluz de Salud. Montero se aferró del Consejo Económico y Social de España de 2012, que asegura que Andalucía, pese a tener un menor gasto por habitante en sanidad que la media española, tiene la cartera de servicios públicos más amplia y uno de los datos de satisfacción del usuario más elevados. "Andalucía es el dique de contención de la ola privatizadora", dijo Montero, frente "a las comunidades del PP que dan pasos de gigante para entregar la sanidad a manos privadas".
El gasto asignado a la Consejería de Salud y Bienestar Social -por vez primera se suma la partida sanitaria y la destinada a dependencia- ha retrocedido en 2013 un 9%, quedando en 10.086 millones de euros. No obstante, la cifra sigue suponiendo el 44% del total del Presupuesto. En el último año se han recortado los salarios de los empleados sanitarios, elevando la jornada de los funcionarios e interinos de 35 a 37,5 horas para adaptar la legislación del Gobierno central, y recortando un 25% la jornada y el salario del personal temporal para "evitar 5.000 despidos". Esta medida de ahorro tiene incendiada a la plantilla sanitaria en Andalucía. Se suceden las protestas, los avisos sindicales de recortes en servicios y empeoramiento de las prestaciones y se ha producido hasta una huelga general de los médicos andaluces a la que se suma ahora una nueva convocatoria de paro de los médicos residentes (MIR). La consejera de Salud, María Jesús Montero, reconoció ayer las "molestias" y el "descontento" del personal del SAS, pero no admitió ningún empeoramiento más allá de esa irritación de sus trabajadores. El mayor problema a su juicio, incidió, es que se han eliminado horas extraordinarias que ahora computan, por la ampliación de jornada, como ordinarias.
La responsable de Salud en Andalucía negó categóricamente que se vayan a producir recortes en las prestaciones o en derechos como los tiempos máximos de espera para intervenciones quirúrgicas o pruebas médicas, (entre 120 y 180 días). Montero subrayó que en las circunstancias actuales y con el Presupuesto de 2013 en la mano "no se va a producir un retroceso en derechos o prestaciones". Otra cosa, advirtió, es si siguen las turbulencias y hay un rescate de España que obligue a nuevos recortes, advirtió.
Igualmente subrayó el dato de conciertos privados en la sanidad andaluza, que no excede, dijo, el 3% del total del Presupuesto y que se limita al Aljarafe sevillano y algunos hospitales en Cádiz. Negó la acusación del PP andaluz de que se estén privatizando servicios y puntualizó que "se conciertan solo servicios complementarios en hospitales con un 100% de capital público". Frente a ello, el Presupuesto de Madrid asume la privatización de seis hospitales.
Según el informe de Salud, el SAS gastará por andaluz 985,56 euros al año, una cantidad por la que ningún seguro privado, que ronda los 1.000 euros anuales, es capaz de ofrecer las mismas prestaciones. Esa cifra, invencible por ninguna compañía privada -defendió Montero- es un 10% inferior a la media de las comunidades y sin embargo, con una cartera más amplia. Según la consejera, la clave está en un gasto más eficiente que apuesta por la atención primaria, la cirugía ambulatoria, mayores competencias para la enfermería -en Andalucía pueden prescribir recetas- y que refuerza la atención domiciliaria. Las camas hospitalarias, defendió Montero, son "caras" y además "ya no son ningún indicativo de calidad". En Andalucía las alternativas hospitalarias, reseñó, han permitido ahorrar 300 millones de euros en el último año. El tratamiento de un ictus en el SAS oscila entre los 1.711 y 2.520 euros, mientras que en Navarra llega a 3012 euros. "Esto permite un ahorro de más de 7 millones de euros solo en esta patología", defendió.
La otra clave del ahorro está en la farmacia. En Andalucía, pionera en esta medida, el 92,87% de las recetas son ya de genéricos. La Junta confía en retomar la subasta de medicamentos, una medida recurrida por el Gobierno y paralizada por el Constitucional, que deberá adoptar una decisión a mediados de enero. Esa compra por lotes supondría "un ahorro de más de 200 millones de euros",
El PP replicó que Salud sufre un recorte de 1.000 millones en las cuentas de 2013 y paga 243 millones por conciertos.
