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Salud reta al Gobierno y mantendrá la cobertura sanitaria a los inmigrantes

La Junta ya recurrió al Constitucional y busca un hueco legal para seguir atendiendo gratis a los ‘sin papeles'.

el 08 ago 2012 / 19:42 h.

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La Consejería de Salud se reafirmó ayer en su intención de seguir prestando atención sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular a partir del 1 de septiembre, cuando entre en vigor el Decreto Ley que retirará la tarjeta sanitaria a las personas sin papeles . La norma afectará a más de 500.000 personas en toda España. Ya el pasado mes de mayo, la titular del ramo en Andalucía, María Jesús Montero, anunció que se estaban buscando fórmulas para poder dar respuesta sanitaria a este colectivo. No obstante, fuentes de la consejería explicaron ayer que aún siguen estudiando las vías para poder atender a los inmigrantes irregulares de la comunidad.

El Gobierno andaluz ya interpuso el pasado mes de junio un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes relativas al Sistema Nacional de Salud , por vulneración de principios constitucionales e invasión de competencias autonómicas. Según la consejería andaluza, el Real Decreto vulnera derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía como los relativos al derecho a la protección de la salud o la prohibición de cualquier discriminación en el ejercicio del mismo, "particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Por ello, Andalucía -junto a Aragón, País Vasco y Cataluña- podría verse obligada a modificar su Estatuto de Autonomía. De no hacerlo, podría darse el caso de que un extranjero en situación irregular reclamase ante la justicia su derecho a acceder a una tarjeta sanitaria amparándose en el Estatuto de Autonomía de su territorio, obviando el Real Decreto aprobado por el Gobierno.

El pasado martes, el Ministerio de Sanidad anunció que prepara una orden para dar cobertura sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que el próximo 1 de septiembre quedarán fuera de la sanidad pública. Ésta contempla que los "sin papeles" paguen 710 euros al año, una cifra que se duplicaría hasta los 1.864,80 anuales en el caso de los mayores de 65 años.

Ante esta medida, Montero denunció la intención del Gobierno de poner "un freno adicional a las comunidades autónomas que habíamos expresado nuestra voluntad de atender a todas las personas que residen en nuestro territorio". Por ello, anunció que cuando se disponga del documento, se estudiará detenidamente para "plantear las medidas que sean necesarias adoptar.

El Ministerio remitió el martes la documentación sobre los detalles de la orden a todas las comunidades autónomas para que tuvieran conocimiento de la misma, si bien, fuentes de la consejería andaluza explicaron que ayer no disponían aún de la información.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, pidió al Gobierno central que aclare si con esta medida "insolidaria y loca" pretende "dejar morir a los inmigrantes".

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