La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Fernando aprobó ayer personarse en el procedimiento iniciado por el juzgado tras la desaparición de casi medio millón de euros de la caja municipal. Los servicios económicos municipales continuarán con la investigación que, según señala el consistorio, dio lugar a esta denuncia con el objetivo de determinar el alcance de la cuantía sustraída y el origen de estas presuntas irregularidades.
Esta administración también pedirá al Ministerio del Interior que intervenga la brigada de delitos económicos de la Policía y a la Consejería de Justicia que dote al juzgado de los medios necesarios para agilizar la instrucción.
Las defensas de los dos funcionarios imputados no descartan denunciar al Ayuntamiento por los daños causados a sus clientes, quienes estuvieron 72 horas en el calabozo de la Comisaría de San Fernando hasta que no pasaron a disposición judicial el sábado y quedaron en libertad con cargos.
"Lo han pasado muy mal. 25 años de profesión se han tirado a la basura de un plumazo sin más argumentos que alguien haya dicho que son estos dos", señaló Ignacio Quintana, el representante legal de uno de los acusados, quien se plantea personase como acusación particular una vez que se levante el secreto de sumario.
Ambos letrados defienden la inocencia de sus representados y consideran que no se puede probar su participación en los hechos de los que se les culpa. Prueba de ello es, según el abogado de la acusada, Juan Manuel Priego, la decisión adoptada por la jueza después de escuchar su versión. "Entendemos que no deben constar en la causa elementos incriminatorios que tengan la fuerza necesaria para pedir otra medida más gravosa", explicó.
