Y es que, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el máximo de 180 días ya estaba delimitado como tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas en comunidades como Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, Navarra o Aragón. Mientras que en otras regiones se establecía un período menor, como el de la Comunidad Valenciana, con 60 días o el de Castilla La Mancha con 90.
La ministra de Salud y Política Social, Trinidad Jiménez, expresó ayer su satisfacción ante esta medida, no sólo porque se trata de un nuevo "derecho" de los ciudadanos, sino también porque conseguirá que los tiempos máximos de espera sean los mismos en todo el Estado. Por ello, Jiménez aseguró que este Decreto genera más "equidad y coherencia" en el Sistema Nacional de Salud. Aunque para el ministerio de Sanidad, esta mejora es un "primer paso", pues la intención del Gobierno es recortar aún más estos plazos.
Para cumplir el período máximo de seis meses, que comienza a contar a partir de la entrada del paciente en el registro de listas de espera, todos los consejeros de las comunidades autónomas deberán establecer las medidas pertinentes, como la derivación de pacientes a hospitales privados, una iniciativa que ya se aplica en algunos territorios. En este sentido, Trinidad Jiménez destacó el carácter "constructivo" y de "consenso" del encuentro, ya que el Decreto contó con el apoyo unánime de todos los consejeros de Sanidad.
Asimismo, para el establecimiento del tiempo de espera en estas cinco intervenciones quirúrgicas se han establecido tres criterios: la gravedad de las patologías motivo de la atención, si la operación es eficaz para incrementar la supervivencia del paciente, así como si la realización temprana evita la progresión de la enfermedad o sus secuelas.
Por sus características particulares, en el Real Decreto, según la ministra, quedan excluidas una serie de intervenciones como los trasplantes de órganos y tejidos, cuya realización dependerá de la disponibilidad de órganos. Tampoco se acogen aquellas intervenciones que puedan requerir una espera para reunir las condiciones adecuadas para su realización, como es el caso de las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida. Del mismo modo, queda excluida la atención sanitaria de urgencia, incluidos los reimplantes de miembros y la atención a quemados.
Igualmente, el Consejo Interterritorial aprobó la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos. Se trata de abordar su desarrollo, según la ministra de Sanidad, no sólo desde la ausencia de la enfermedad, sino para vivir una sexualidad plena y satisfactoria. Entre los objetivos de esta Estrategia se incluye mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual y consensuar una cartera de servicios para la atención sexual.
