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Sanidad rechaza la directiva de la libre circulación de pacientes

El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha reconocido que el Ministerio de Sanidad y Consumo está en contra de la directiva aprobada por la Comisión Europea, al "no asegurar la calidad asistencial a todos los ciudadanos".

el 15 sep 2009 / 07:21 h.

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El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha reconocido que el Ministerio de Sanidad y Consumo está en contra de la directiva aprobada por la Comisión Europea que da derecho a la población a recibir asistencia sanitaria en cualquier otro Estado miembro sin autorización previa de su país de origen, porque "no asegura la calidad asistencial a todos los ciudadanos".

A su juicio, esta aprobación es "insuficiente" ya que "se ha optado por una directiva de atención sanitaria transfronteriza para la movilidad de los pacientes, que afecta a un porcentaje pequeño de la población (2%)". "La comisión europea ha hecho una propuesta más restringida que tiene muchos aspectos para ser mejorada", añadió.

La normativa, que entrará en vigor cuando obtenga el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo, lo que se espera en uno o dos años, propone que un ciudadano comunitario pueda elegir un servicio sanitario en Europa, público o privado, para recibir una atención hospitalaria, pagada siempre por el país de procedencia.

Esta situación puede fomentar que la calidad sanitaria de ciertos países se resienta por tener "sobrecarga" de pacientes, lo que produciría finalmente una mala asistencia; o que, al no tener "criterios de calidad similares", los pacientes corran el riesgo de tener una mala atención hospitalaria. "Estos son aspectos que no están bien resueltos en el actual enfoque de la directiva", afirmó.

Por este motivo, según informó Martínez Olmos, el ministerio reclama que haya una "autorización previa" por parte del país de origen y una "aceptación previa" del centro hospitalario, de manera que "se garantice que se puede prestar asistencia de calidad". "Tiene que haber un planteamiento ordenado, autorización del país que emite, y que va luego a pagar esa atención sanitaria de sus ciudadanos; y aceptación del hospital, porque eso supone un compromiso de calidad", añadió. Así, según la propuesta española, serían las comunidades autónomas las que tendrían la capacidad de rechazar o aprobar cualquier ingreso no nacional.

Por este motivo, España llevará propuestas concretas y desarrolladas conjuntamente con las comunidades autónomas, "para de alguna manera hacer una defensa de los intereses de los españoles y una defensa del Sistema Nacional de Salud". Así, confirmó que tras ser aprobado ayer por la CE, la directiva se remitió el proyecto a todas las comunidades autónomas, a las que se les ha solicitado una persona de referencia para trabajar conjuntamente y poder mostrar una posición "sólida".

No obstante, en este momento, no teme por la calidad sanitaria nacional, ya que el marco legal aprobado ayer "afecta a un 2 por ciento del total de los ciudadanos, que son los que están pidiendo atención sanitaria en el ámbito de las fronteras", pero admitió que el temor del ministerio es que "esto vaya a más", y, de algún modo, afecte a la calidad de los servicios, "no sólo de los se dan a los ciudadanos de cada nación sino a los que pudieran venir".

El ministerio va a tratar de dejar patente estas cautelas y, para ello, buscará alianzas con otros países como Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, con los que "coincide en que la planificación de cualquier sistema requiere organizarse sabiendo que demanda va a tener que atender". Asimismo, advirtió que no se debe equivocar la medida con la asistencia sanitaria a turistas, que "es un tema resuelto", ya que "siempre se cobra al país de referencia".

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