El Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición por el que no se permitirá la venta en el ámbito escolar de alimentos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios nutricionales, que se establecerán reglamentariamente.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, resaltó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, por primera vez, se introducen en una ley española aspectos relacionados con la promoción de hábitos saludables de alimentación así como “la prohibición de discriminación por obesidad”. Jiménez dijo que esto es especialmente relevante si se tiene en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso, siendo ésta la segunda causa de muerte evitable en el mundo después del tabaco.
También parece urgente retirar de los colegios bollería, chucherías, snacks y refrescos dado que, entre los menores, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48%, sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños padece exceso de peso. A este respecto, la titular de Sanidad precisó que el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional conlleva un gasto de un 7% del Sistema Nacional de Salud, lo que supone unos 2.500 millones de euros.
La nueva ley, impulsada también por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales. Los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados y los colegios proporcionarán a los padres o tutores información detallada. En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias. La normativa también prevé actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos a la población de menos de 15 años.
