La jueza que lleva el caso del accidente de la A-7 que costó la vida a seis trabajadores, acordó la apertura del juicio oral y formuló la acusación contra los 12 imputados por el desplome, en noviembre de 2005, de una estructura metálica de un viaducto en construcción de la autovía
en el tramo La Herradura-Almuñécar-Taramay, en Granada, obras promovidas por el Ministerio de Fomento .
En el auto se le pide a los acusados que presten una fianza de 144.000 euros en el plazo de un día para asegurar las responsabilidades pecuniarias con el apercibimiento del embargo de bienes si no la efectúan. En el caso de uno de los imputados, el jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, se confiere traslado al Ministerio Fiscal para que formule un escrito de acusación en tres días, aunque la Fiscalía ya solicitó el sobreseimiento de la causa para él, por lo que serían once los imputados.
A diez de ellos, entre los que se encuentran el director del proyecto de ejecución de la obra y el coordinador de Seguridad del Ministerio de Fomento, que en aquellas fechas dirigía Magdalena Álvarez, se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores, seis de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes, por los que se enfrentan a una pena de cuatro años de cárcel e inhabilitación especial por el mismo tiempo.
Para el último acusado, el capataz de Estructuras y Montajes de Prefabricados, una de las empresas que intervino en la obra, el fiscal pide tres años y medio de cárcel y el mismo periodo de inhabilitación por seis delitos de homicidio imprudente y tres de lesiones imprudentes.
El accidente se produjo cuando la estructura cayó desde una altura de más de 50 metros, que causó la muerte de seis personas y heridas graves a otras cinco. La obra contaba con el obligado estudio de seguridad y el plan de seguridad y salud que lo desarrolla, si bien este último "adolecía de falta de solución para el riesgo que suponía la ubicación de una planta hormigonera" bajo la construcción del viaducto.
