El Consejo de Gobierno aprobó ayer los estatutos de las ocho nuevas agencias públicas creadas dentro de la ley de reordenación del sector público y que supondrá la desaparición, por supresión o absorción, de 114 empresas públicas. Esta reestructuración, que supondrá un ahorro anual de 3 millones de euros en salarios y la supresión de 166 puestos directivos, supone la modificación de los organigramas de las consejerías de Economía, Empleo, Agricultura, Igualdad y Medio Ambiente.
Los nuevos estatutos son los de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Agencia de Obra Pública, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la Agencia de Instituciones Culturales y la Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Este paso sigue alimentando la guerra con los sindicatos que se oponen a la reforma. Ayer CSIF, Safja y Ustea anunciaron que van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los estatutos una vez que salgan publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, defendió que la Junta ha querido acometer una reforma del sector público en clave de austeridad y de eficacia "salvaguardando la garantía de lo público, sin recorte de los servicios que se prestan y sin lesionar derechos de los trabajadores".
Con este paso, solo queda pendiente el traslado de los trabajadores a las nuevas agencias. Un asunto que comenzó a abordarse la semana pasada en mitad de la pelea sindical, con el apoyo e UGT y CCOO y el rechazo de CSIF. El traspaso de funcionarios y laborales será voluntario salvo en el caso del SAE y la Agencia de Agricultura y los trabajadores de empresas públicas mantendrán su misma categoría y contrato.El PP-A acusó a la Junta de aprobar los estatutos "con nocturnidad y alevosía". Denunciaron que los estatutos pasaron por el Consejo Consultivo hace diez días, aprovechando que no había nombrado a un miembro del PP-A.
