A instancias de la Agencia de Protección de Datos, la Consejería de Educación ha retirado la ley que obligaba a los colegios a colgar de sus tablones de anuncios los datos de los alumnos admitidos. Domicilio particular y lugar de trabajo, renta y características familiares, número de hermanos... son algunos de los criterios en los que se basa la puntuación que los niños precisan para obtener plaza en un determinado centro escolar. Estos datos ya no van a estar a la vista de todos en los pasillos de los colegios, por mucho que la intención de la Junta fuera hacer más transparente el proceso selectivo en los centros donde la demanda de plazas supera la oferta.
El resultado, muy al contrario, ha sido el enfrentamiento de unos padres contra otros y la proliferación de denuncias -hasta 700 al año en Sevilla- por fraude escolar. Los padres tienen siempre derecho a acudir a la dirección del centro si consideran que han sido discriminados en el proceso selectivo, pero la ley no puede amparar la divulgación de datos privados de los que se puede hacer un uso no siempre honorable.
La Consejería argumenta que se trata de evitar la intervención de terceras personas, como abogados o detectives, que por encargo de los padres hallan una vía de negocio en la investigación de la veracidad de los datos, pero en última instancia el beneficio de esta decisión es mucho mayor. En primer lugar porque no son los particulares, sino la administración, la que tiene que velar por que no se produzcan fraudes en la asignación de las plazas (de ese modo se evitaría esa cadena de delaciones y el rosario de la aurora con el que termina cada año el proceso selectivo) y en segundo término porque los datos personales hace ya tiempo que están protegidos por la ley y no iba a ser la escuela, precisamente, la que se salte la norma. Educación haría bien si lograra que todos los centros públicos tuvieran una gran demanda en lugar de dejar que los padres (las más de las veces por puro esnobismo) sigan a tortas por una plaza en un colegio concertado.
