El rápido deterioro del empleo ha decidido al Ejecutivo a oficializar esta semana un grupo de medidas muy concretas que busca paliar la situación de los parados e incentivar las contrataciones. Junto a la promesa del presidente de poner la maquinaria inversora pública al servicio del rescate de la economía real, se trata de un reenfoque en la buena senda del papel del gobierno central dejada atrás la fase de pánico financiero.
Y es que, de hecho, las fuertes conmociones soportadas a nivel global por las entidades financieras y la medicina de caballo que se ha impuesto en forma de rescate público, bajo uno u otro nombre, constituyen el eje en torno al que necesariamente habrán de referirse las futuras políticas anti-recesión. O más claro, como recordaba días atrás Atkinson, si ha habido fondos públicos en abundancia para rescatar, con buenas o menos buenas justificaciones, a los bancos, nadie podría entender que ahora se anduviese racaneando, por ejemplo, con las prestaciones por desempleo y cualesquiera otras ayudas sociales.
En España parece haberse captado tal mensaje. La decisión de permitir a parados el aplazamiento de la mitad de la hipoteca, además de sus efectos directos, tiene el efecto de tranquilizar a las familias endeudadas y hacerles concebir fundadas esperanzas de que no van a caer al vacío si las cosas empeoran. La bonificación por contratación de personas con cargas familiares también es de libro en una situación como la actual de parálisis por incertidumbre.
Más dudas me plantea, teniendo en la mano el diagnóstico más fiable de la crisis, el adelanto de la devolución fiscal por hipoteca. Lo cierto es que la amenaza de estanflación se está desvaneciendo (véase el pinchazo de la burbuja petrolífera y de materias primas), y el verdadero problema a día de hoy puede estar, más bien, en que la enorme desconfianza ante el futuro de inversores y compradores (véase el aumento de las tasas de ahorro), empeoradas por el aturdimiento del sector financiero, provoquen una espiral de recesión.
En tales circunstancias, las devoluciones fiscales no van a ser realmente efectivas (estando las bajadas de impuestos, a no dudarlo, totalmente desaconsejadas). La ortodoxia pide que el sector público suplemente la debilidad de la demanda agregada esencialmente vía gasto público productivo. Capitalizados los bancos toca capitalizar la economía española haciendo de la necesidad virtud para recomponer el déficit físico, y especialmente, el déficit humano y tecnológico.
El ICO estimaba en 400 millones el coste de los avales para el aplazamiento de hipotecas. Mientras tanto, el coste aproximado de las restantes medidas se eleva a 170 millones para 2009 y 2010. Por último, también se anunciaron que se destinarán 1.106 millones para en los planes de empleo y formación para las administraciones locales. Como se ve el impacto financiero de estas medidas queda a años luz del parche financiero.
Si el tópico quiere que crisis sea sinónimo de oportunidad, nunca lo va tener mejor nuestro gobierno socialdemócrata para hacer lo que se espera de ellos: activismo económico, con prudencia pero sin timidez, y apoyo a los más desfavorecidos. Nuestras cuentas públicas, las más saneadas de nuestro entorno, se lo pueden permitir.
Catedrático de Hacienda Pública
jsanchezm@uma.es
