La congelación de la cantidad percibida por los ayuntamientos en concepto de participación en los tributos, consignada en los próximos presupuestos andaluces en 480 millones de euros según anunció y denunció ayer el PP, provocó la respuesta inmediata de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, quien dijo no saber qué es más grave: si que el Consejo Consultivo, órgano donde se encuentra ahora mismo el texto en la fase de dictamen previo a su tramitación parlamentaria, haya filtrado ese dato o que los populares se hayan hecho eco de él. Fue la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, quien había dicho por la mañana que a su formación le consta que la Junta de Andalucía va a congelar de nuevo la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (la llamada Patrica), que quedarán en 480 millones de euros en lugar de los 600 que les corresponderían, y que, además, va a mantener los recortes a los empleados públicos en 2014, con lo que, según lamentó, se confirman las peores sospechas sobre el próximo presupuesto andaluz. Corredera manifestó que es absolutamente imprescindible que ambas cosas se rectifiquen: la congelación de la partida para los ayuntamientos, porque con ella se acumularía un recorte de 120 millones en dos años; y el mantenimiento de los recortes a los empleados públicos, porque volverían a quedarse sin pagas extras y sin complementos durante el año que viene. La consejera Montero reconoció como ciertos los datos, pero no se quedó ahí. Me parece gravísimo que un miembro del consejo Consultivo haya filtrado información, dijo, contraviniendo la ley que obliga al deber de reserva de la información que se maneja así como el reglamento del Consultivo que es muy exigente con estos hechos. Esto es gravísimo, pero me parece aún más intolerable que el Partido Popular les dé amparo a este tipo de conductas ilegales que ponen en riesgo el control democrático de las instituciones. La titular de Hacienda agregó que no se había producido un hecho de estas consecuencias previamente, y animó al Partido Popular a plantear sus exigencias al Gobierno de Mariano Rajoy, responsable de unos presupuestos se obligan a la Junta de Andalucía, según dijo, a un ajuste de 1.200 millones de euros; una cantidad que parece que al Partido Popular le pasa totalmente desapercibida y que sin embargo supone nuevamente un hachazo a las cuentas públicas de nuestra comunidad autónoma, con una enorme dificultad para poder hacer unos presupuestos que respondan a los intereses de la ciudadanía y que blinden el estado del bienestar y estimulen el crecimiento de empleo. Montero señaló que esto es aún más grave en unos días en que hemos conocido el informe remitido a Bruselas que plantea un escenario de recortes de 8.000 millones de euros para los dos próximos años a las comunidades autónomas, Por tanto, parecería lógico que el Partido Popular volcara estas exigencias en el Gobierno de Rajoy, trasladándole al igual que el Gobierno de Andalucía que le devuelva a Andalucía lo que le corresponde, que financie adecuadamente a las comunidades autónomas y que por tanto evite que se puedan producir ajustes adicionales en presupuestos ya restrictivos que venían sufriendo las consecuencias más importantes del ajuste de los últimos años. Los ajustes que vienen provocados por las imposiciones del Gobierno de Mariano Rajoy provocan un desmontaje de gasto de en torno a 1.200 millones de euros, remató la consejera. Y con esa realidad, tenemos que hacer unos presupuestos duros que tienen que blindar la sanidad, la educación y la dependencia, y por otra parte tienen que tener estímulo al crecimiento del empleo, que es el gran lastre que tiene nuestra comunidad autónoma. También se ha trasladado en el día de hoy que la Patrica permanecía congelada y yo quiero poner en valor el esfuerzo enorme que supone para la comunidad autónoma, en este momento de restricción presupuestaria, que mantenga congelada una partida que está en los 480 millones de euros y que lo fácil para nosotros habría sido disminuir las cantidades que van dirigidas a los ayuntamientos, y sin embargo la hemos mantenido porque hemos entendido que en estos momentos teníamos que compartir la situación de ajuste presupuestario con las corporaciones locales también.
