-¿Tanto daño hace la administración pública a la recuperación económica y a la empresa como para que se tuviera que convocar una convención empresarial en Sevilla y se hiciera una demostración de fuerza?
-Era necesario. 3.500 empresas venían a revelar que se sentían parte de un colectivo y aspiraban a posicionarse respecto al futuro, y ahí quedan los mensajes enviados en la convención, sin filtros, y que señalan que los empresarios quieren tres cosas: que paguen las administraciones públicas, agilidad en los procedimientos administrativos y flexibilidad para adaptarse. Y no lo dice sólo la CEA, sino empresarios en mangas de camisa. No faltan proyectos empresariales, sí capacidad de gestionarlos en unos tiempos razonables. Un pequeño empresario me decía que quería montar dieciséis unidades de negocio de una misma actividad y el tiempo de tramitación administrativa era de un año por cada una. Esto es una lenta y costosa carrera de obstáculos, que no se puede tolerar en un momento de crisis económica y de dificultades financieras como las actuales.
-Pero hay una obsesión política por la simplificación administrativa, con permanentes promesas. ¿Al final la percibe el empresario?
-Yo, de verdad, encuentro voluntad política para atender ese requerimiento que al fin y al cabo es una obviedad. Sin embargo, esa voluntad no encuentra correlación al ejecutarla, pues el procedimiento, la normativa y el funcionario se tornan insuperables. Existe una presunción de que el administrado es un defraudador nato de la ley, y eso conduce a unas normas aquilatadas, en vez de claras, concisas y habilitantes y no restrictivas.
-¿Entonces, el problema es legislativo?
-En parte. Con la norma se realiza una labor preventiva en lugar de efectuar una actividad inspectora. Se prevén tantísimas cosas en la ley que se vuelve imposible concebir y llevar a cabo en tiempo los proyectos empresariales. Y en las leyes que permiten agilidad y facilidad hay requisitos subjetivos en lugar de normativos que dependen de la discrecionalidad del funcionario de turno, y uno puede decir sí, y otro, no.
-¿Es normal que un proyecto de la envergadura del dragado del Guadalquivir lleve prácticamente once años de tramitación administrativa por las cuestiones medioambientales?
-No es normal y tampoco tiene sentido económico haber hecho la esclusa sin haber resuelto el tema del dragado. ¿Y por qué se dilatan los procedimientos? Muchas veces no hay sentido [político] para rechazarlo y se quiere que el tiempo lo resuelva a favor de lo que mi corazón me pide. Y si el corazón de un funcionario medioambientalista le pide que no se haga aquello, así se explica que llevemos once años para ver si se pierde la idea del dragado en el limbo de los justos.
-¿Existe un excesivo celo ambiental que lastra el desarrollo socieconómico al dejar varados proyectos empresariales de gran envergadura?
-Hay un desequilibrio en el concepto de desarrollo sostenible. Éste se ha de adecuar a las circunstancias económicas y sociales y a las necesidades de empleo que hay en cada etapa. Yo sólo entiendo la conservación de la naturaleza para el disfrute del ciudadano y para el desarrollo económico, y no para hurtarla al ciudadano. En el entorno de Doñana se suele decir que cuando el Coto de Doñana era de tres, lo disfrutaban todos, ahora que es de todos lo disfrutan sólo tres. Creo que el medio ambiente no se puede arrasar en aras del desarrollo, pero el desarrollo no cabe arrasarlo en aras del medio ambiente.
-Se hacen los informes, se elevan, y en la tramitación siempre hay algo...
-Sí, siempre algo. Y cuando ya todo parece resuelto, aparece algo que hace inviable el proyecto porque va contra corazón.
-Y a Andalucía le cuesta atraer inversiones...
-Sí. Con ese modelo, el territorio no es atractivo para inversores locales, y tampoco para los que vienen de fuera. No faltan proyectos, insisto, aunque las dificultades los hacen inviables.
-¿Cuáles son las medidas que urgentemente se tendrían ya que poner en marcha?
-Medidas excepcionales para la creación de empresas. Por ejemplo, todo aquél que quiera montar una pequeña empresa que lo haga a través de una declaración jurada que después fuera impresionada. La experiencia que tengo con la ventanilla única es que si antes había 16 trámites, la ventanilla única se convierte en el trámite número 17. Es esencial, asimismo, que todo proyecto estratégico sea predefinido por la administración para que manifieste su voluntad política a apoyarlo o no apoyarlo. Lo que no cabe es el sí pero no. ¿Tiene sentido que un gobierno cree una normativa específica para campos de golf para no haber sacado ni uno?
-¿Existe una demonización de determinados proyectos?
-Por supuesto. Y contradicción entre la voluntad política y la ideológica, y ésta para aquélla.
-¿Falta seguridad jurídica en Andalucía para emprender?
-Existe una seguridad jurídica normativa objetiva y una falta de seguridad jurídica subjetiva en las disposiciones y los procedimientos. Si te adjudican una obra, para la cual realizas una inversión en maquinaria, y meses más tarde la anulan, ¿qué hago con la maquinaria? Y todo esto tiene nombre y apellidos: el tramo del AVE a Marchena, el túnel de los Alcores...
-El ministro José Blanco comentaba en los Diálogos de El Correo que a partir de ahora se han de realizar las obras con sentido común económico. Entonces, de aquí para atrás, ha faltado...
-Falta si hay un AVE para que vayan nueve personas, pero a quien le falta será a quien decide la obra, y cuando las obras se conciben con criterios políticos y no económicos o sociales.
-Blanco también abrió el debate de si hay que aumentar impuestos para las grandes obras...
-No soy partidario de aumentar impuestos. Se pueden reducir gastos y reordenarlos para así invertir en las infraestructuras. La reducción de impuestos genera más actividad y ésta, más recaudación. Y en cuanto a los proyectos de colaboración público-privada, ahora no funcionan de forma correcta, en muchos casos por exigencias de los pliegos, que hacen inviable la obra.
-La norma que obliga a pagar en plazo, ¿es papel mojado para las administraciones?
-En el empresario existe la sensación de que la Ley de Morosidad sólo vincula al sector privado y no al público, desviándose incluso el dinero que le corresponde al proveedor hacia otros fines. Las economías privadas siempre se han regido por el principio de que tanto ingreso, tanto gasto, mientras que en las administraciones era al revés, y eso no puede ser.
-Y hablando de aumentar ingresos y reducir gastos, ¿es partidario de iniciar un proceso de privatización de las empresas públicas andaluzas?
-Sí. La Junta de Andalucía tiene empresas rentables y no sé por qué no se venden, por ejemplo Veiasa. Haga usted caja y pague. Sí que hay buena voluntad y compromiso en Obras Públicas y Hacienda en agilizar pagos, las cosas han cambiado en los últimos días, la cuestión es que lo hagan.
-¿La cercanía de las elecciones dificulta aún más las cosas para la empresa?
-La cercanía de las elecciones y la indefinición del tiempo electoral llegan a paralizar la actividad administrativa, con una repercusión importante en la economía y, sobre todo, en la confianza y en la ilusión de la gente. Si se adelantan, si no se adelantan... Es un runrún de partidos y de los responsables administrativos que conduce a que la gestión pública se pare.
-Y para acabar con el runrún, ¿sería conveniente adelantar las elecciones?
-Los políticos deben adoptar las decisiones que les correspondan en función de sus necesidades. Yo sólo digo que ésa es la situación que vivimos. Si alguien entiende que tal situación cabe resolverse adelantando las elecciones, también cabe resolverse gestionando como si no hubiera elecciones en marzo.
-La reforma laboral no ha incrementado la contratación indefinida. ¿Cuál es el problema para que el empresario no quiera contratos indefinidos?
-En nueve meses de reforma laboral, de firmar en España 1,3 millones de contratos al mes se ha pasado a un millón, y si eran un 10% indefinidos, ahora sólo el 8%. Y el contrato estrella de la reforma laboral, el de fomento del empleo con 33 días por despido, sólo supone el 18% de los indefinidos. Hay una realidad obtusa por la cual no se firman contratos indefinidos. La reforma no ha acertado con la solución, sino que la ha empeorado, y ha crecido la temporalidad. El Gobierno no puede hacer las reformas basadas sólo en criterios de equilibrio entre las posturas sindicales y empresariales, sino con criterios de suficiencia, es decir, qué es suficiente para resolver el problema.
-El desarrollo legislativo de la negociación colectiva, ¿la arrimará más a las necesidades empresariales?
-Ocurrirá lo mismo que con la reforma laboral, pues se empeoró durante su desarrollo. Se complicó la norma, y el pequeño empresario en esta crisis o se arruina con su actividad o se arruina con la indemnización de los 45 días ante la dificultad para aplicar el despido objetivo.
-¿Aprisionamiento?
-Ahogo literal.
-¿Qué más pide el empresario en la reforma de la negociación colectiva?
-Ser flexible con respecto a una economía global, frente a la legislación que sólo piensa en una economía local. Hoy en día se compite en el mundo y se exige agilidad, inmediatez en la toma de decisiones. Si para adaptarse al mercado el empresario tiene procedimientos ágiles, no costosos y jurídicamente seguros en flexibilidad, movilidad o reducción de la jornada laboral, los emplearía antes que despedir.
-¿Sería partidario de ese contrato único con 20 días por despido que propone la patronal madrileña?
-Se debe simplificar la entrada en el mercado de trabajo con cinco modelos de contratos: uno indefinido, y se corresponde con la propuesta de la patronal madrileña; otro a tiempo parcial sin limitación en horas extra ni complementarias; otro temporal; otro de formación y práctica para jóvenes, y, por último, otro por obra y servicio. Con estos cinco modelos se sustituyen los 43 actuales y no necesitan estar subvencionados. Nuestro bienestar social es insostenible sin más empresas y sin más empleo
-Si es una obviedad, ¿qué impide llevarlo a la práctica?
-El hecho de que la empresa no sea el eje de las políticas.
-¿Existe aún la percepción social de que crear riqueza es algo sospechoso?
-Sí. A todo aquél que hace una actividad económica se le llama socialmente empresario, ya sea para aquél que realiza la compra de un bien que vende al día siguiente con enorme beneficio como para quien mantiene una compañía y sus cien empleados durante cincuenta años con un reducido beneficio. Eso hace que la sociedad, al final, criminalice al empresario. Así, al empresario de verdad lo aplaude al crear el puesto de trabajo 101 y, en cambio, lo critica cuando, si ha de adaptarse al mercado, se queda con 99. La cultura americana coloca al empresario en un pedestal. Aquí, el joven lee en los periódicos que un empresario en su día de referencia despide a dos trabajadores y ya no es considerado un benefactor social ni, por tanto, un referente a seguir.
-¿Simplificar los trámites administrativos sería el mejor plan de fomento del emprendedor?
-Ese fomento ha de iniciarse en la escuela, en todos los ámbitos de la educación. Lo que ocurre es que pocos profesores tienen la mentalidad de defensa de la actividad empresarial como eje del desarrollo, y muchos tienen otro concepto distinto de la empresa, negativo, e incluso trasladan una imagen del empresario bastante negativa. De ese ambiente educativo el joven sale sin querer ser empresario.
-A tenor de la actual situación económica regional y el paro, ¿la concertación social sólo ha servido para garantizar la paz social y no el desarrollo económico?
-No. Ha servido para mucho. Lo que ocurre es que, a veces, esas políticas han estado mal gestionadas. No dudo del Pacto de la Vivienda en Andalucía, pero si desaparece el capítulo presupuestario de la Administración central y la autonómica lo altera, pues entonces el problema no está en la concertación, sí en la gestión. Y sería conveniente que el presidente Griñán nos reuniera a empresarios y sindicatos no para analizar ya el pasado, sino para ver qué hacemos.
-De los siete acuerdos, ¿el actual es el que peor se ha gestionado?
-Probablemente.
-El proceso de bancarización de las cajas andaluzas, ¿restará financiación a la empresa y a la economía regional?
-Creo que no, y hablar de cajas andaluzas ya no tiene mucho sentido, aunque el origen sea andaluz. El proceso de reestructuración ha de llevar a entidades financieras más fuertes y más solventes y con mayor liquidez para otorgar crédito, así que tiene que ser beneficioso para el empresario.
-¿No faltó el ‘mea culpa' en la convención empresarial?
-El empresario posee un juez inexorable que es el mercado, y los que se equivocaron no estuvieron en esa convención. Lo importante era hacer ver que la empresa es la solución para el futuro, sólo así habrá más riqueza, empleo, Estado del Bienestar e ingresos para las administraciones públicas. La empresa es la solución, sin duda.
