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Se incumple el plan para reeducar a los maltratadores presos

La ministra de Igualdad propuso esta semana a las comunidades colaborar en el desarrollo de programas de reeducación de maltratadores. Hace un año, la Junta ya firmó un convenio con Instituciones Penitenciarias para trabajar con los agresores en prisión pero desde entonces, el programa no se ha iniciado. Foto: Antonio Acedo.

el 15 sep 2009 / 21:42 h.

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La ministra de Igualdad propuso esta semana a las comunidades colaborar en el desarrollo de programas de reeducación de maltratadores. Hace un año, la Junta ya firmó un convenio con Instituciones Penitenciarias para trabajar con los agresores en prisión pero desde entonces, el programa no se ha iniciado.

En los delitos de violencia de genéro existe controversia sobre las posibilidades reales de cambiar la conducta del agresor para su reinserción. Por ello, las medidas orientadas a la reeducación de los maltratadores no son siempre bien acogidas, aunque el Ministerio de Igualdad parece dispuesto a trabajar en esa línea, que cuenta en los presupuestos estatales con tres millones de euros y en la que la ministra Bibiana Aído quiere colaborar con las comunidades.

El Gobierno reconoce que los programas actuales son dispersos -y escasos fuera de la cárcel-y que es preciso unificar los criterios de calidad que permitan evaluar su eficacia. Es la tarea defendida por el delegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, el mismo que desde su cargo como director general de asistencia a las víctimas de la Consejería de Justicia impulsó la firma de un convenio entre esta Consejería e Instituciones Penitenciarias para colaborar en el desarrollo de programas de reeducación de los maltratadores encarcelados en Andalucía.

La entonces consejera de Justicia, María José López, firmó públicamente el acuerdo con la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, el 18 de diciembre de 2007 en Sevilla, y éste fue publicado en el BOE el 5 de febrero de 2008, aunque señalando que entraba en vigor el día de la firma. Los presupuestos andaluces de 2008 recogían la intención de iniciar la cooperación entre Junta y Gobierno para "la puesta en marcha de programas especializados en reeducación de maltratadores de género". Sin embargo, un año después, los compromisos del acuerdo no se han puesto en marcha y aunque los psicólogos de Instituciones Penintenciaras trabajan en algunas cárceles, la Junta no interviene.

El argumento es que, tras las elecciones de marzo de 2008, las competencias pasaron de Justicia a la Consejería de Igualdad y según fuentes de ésta, es uno de los temas pendientes de desarrollar. La Junta tampoco concreta su postura ante la propuesta del Ministerio de Igualdad para avanzar en esta línea. Y es que, tanto desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como desde la Consejería de Igualdad, las medidas de reeducación para los maltratadores se han visto tradicionalmente con cierto recelo.

Con motivo del Día Internacional contra la violencia de género -25 de noviembre- la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, recalcó que el maltratador "no es una persona agresiva ni que tenga una patología", pues sólo es violento con su mujer y encantador con el resto de su entorno. Por ello, aludió a los programas de reeducación en la cárcel "dependiendo de la gravedad del delito" y dejó claro su rechazo a que sustituyan las penas de prisión.

También la directora del IAM, Soledad Pérez, reconoció el mes pasado en un encuentro digital con los lectores de este periódico tener "dudas sobre la efectividad" al considerar que "en este delito es díficil reeducar". "No digo que no se intente pero también pido que no se concedan permisos penitenciarios a cambio de un curso o de atención psicológica", afirmó.

La reeducación de maltratadores está recogida en la Ley estatal contra la Violencia de Género de 2004, que también prevé la posibilidad de conmutar penas menores a dos años por trabajos en beneficio de la comunidad acompañados de la correspondiente terapia, aunque los jueces han denunciado la dificultad de aplicarlo ante la falta de programas. Desde 2005 se imparten en las cárceles, pero en el ámbito extrapenitenciario el Gobierno reconoce su escasa implantación y en Andalucía, instituciones como el Defensor del Pueblo han denunciado que no exista una política al respecto.

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