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Seguimiento "total" de la huelga en Mercasevilla

Los trabajadores sienten "indignación" ante la actitud del alcalde y su  falta de pronunciamiento sobre los despidos que se avecinan.

el 28 dic 2012 / 09:44 h.

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Los trabajadores del mercado central de abastos hispalense,  Mercasevilla, han secundado "totalmente" la nueva jornada de huelga  convocada en protesta por la liberalización de los servicios que la  plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que afecta a un  centenar de los 198 miembros de la plantilla. Durante esta nueva  jornada de huelga, la actividad del mercado central se ha reducido a  los servicios mínimos, mientras que los trabajadores han estado  concentrados a las puertas de las instalaciones hasta las 04,00 horas  de la madrugada, según ha informado a Europa Press Rafael Domínguez  (CCOO), presidente del comité de empresa.

Este nuevo paro técnico, encuadrado en el calendario de  movilizaciones que promueve la plantilla en defensa de los puestos de  empleo, ha transcurrido "sin incidentes" y ha "obstaculizado" el  funcionamiento de la unidad alimentaria, dado que la actividad del  mercado ha quedado reducida a "los servicios mínimos" estipulados por  la autoridad laboral. Las movilizaciones de los trabajadores de  Mercasevilla continúan el día 3 de enero con una asamblea general y  el día 4 de enero con otra jornada de paro técnico. El comité de  empresa, finalmente, ha manifestado su "indignación" ante la actitud  del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), lamentando que no se  haya pronunciado sobre el destino de los trabajadores afectados pese  a que el Consistorio hispalense es el principal accionista de  Mercasevilla.

Esta iniciativa parte de un informe elaborado por Luis Enrique  Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de  administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la  Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió  el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de  "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra  a los mayoristas de pescado.

Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de  mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de  Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta  "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos  Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el  mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios  como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos  ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta.  Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la  Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso  ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones,  examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de  servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de  Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento".  Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las  instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario  celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de  incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea,  que consagra el principio de libertad de empresa.

Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el  secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que  concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen  interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los  servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar  circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con  lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de  empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas  sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado  expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho  comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa  exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".

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