Hasta seis asociaciones de vecinos pertenecientes a otras tantas zonas del casco histórico de Sevilla han presentado en dos tandas -El Arenal y plaza del Museo, el miércoles, y San Lorenzo, estación de Córdoba, Santa Cruz y la Alfalfa, este jueves- recursos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en los que solicitan la suspensión cautelar del plan para la regulación del tráfico en el centro de la ciudad.
En concreto, el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, supone la interposición de recurso contra la modificación de la ordenanza de circulación de peatones y ciclistas aprobada en el pleno de septiembre, y publicada en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 2 de octubre, por entender que esta disposición y los acuerdos de los que trae causa "no se ajustan a derecho". De esta forma, los vecinos reclaman el expediente administrativo necesario para formalizar la demanda.
Este recurso, que se presenta días después del registrado por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido -en el que, además, se solicitaba una paralización cautelar provisionalísima que ya ha sido rechazada-, utiliza una argumentación muy similar a éste, toda vez que también se apela a que la ejecución del acto recurrido "causaría perjuicios de imposible o difícil reparación".
Para estos residentes, la aplicación de la ordenanza sobre el centro histórico, una superficie de unos 3,94 kilómetros cuadrados dividida en diez barrios y con unos 55.000 habitantes, supondría la comisión de una "ilegalidad" y de "una violación de derechos fundamentales recogidos en la Constitución que no tenemos más remedio que plantear".
De esta forma, los vecinos del casco antiguo ejemplifican con diversas casuísticas tales como la asistencia de una persona mayor y con discapacidad a un centro médico o las visitas a despachos profesionales varios la "gravedad" de la medida impuesta para sancionar la permanencia de más de 45 minutos en el centro para los vehículos no autorizados, lo que "provoca una desigualdad frente a personas que viven en otras zonas de la ciudad".
A juicio de los recurrentes, el Ayuntamiento se ampara en una ley de "menor rango" para proceder a esta ordenanza, según la cual la restricción al centro se contemplaría en casos excepcionales, cuando haya necesidad de ello. También se alude a la lesión a derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional, como es el caso del derecho a la libertad de residencia y libre circulación por todo el territorio español.
Asimismo, se hace referencia al concepto de 'periculum in mora' -según el cual la ejecución del acto recurrido pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso-, así como a la apariencia de buen derecho y el interés preponderante, incidiendo en que "la sentencia que declarase nula de pleno derecho la medida carecería de derecho si ésta no se paralizase", no siendo "previsible" que en un plazo inferior a seis meses se dicte un fallo, teniendo en cuenta además factores como la campaña navideña del centro o las posteriores rebajas.
