Aunque la dispensación de la píldora del día después en España está aprobada desde 2001, no todas las comunidades autónomas del país están actuando en el mismo sentido y aún hay seis regiones cuyas arcas públicas no financian el medicamento.
Estas comunidades tienen un marcado color político; de hecho, cinco son del PP: Castilla-La Mancha (PSOE), Valencia (PP), Murcia (PP), La Rioja (PP), Canarias (Coalición Canaria y PP) y la Comunidad de Madrid (PP), salvo Madrid capital, son, hasta el momento, las únicas comunidades autónomas sin medidas para facilitar el acceso o la gratuidad de la píldora del día después a su población, que sólo podía conseguirla, previa receta expedida por un médico de centro sanitario público, abonando su importe total en una farmacia.
En el caso de la Comunidad de Madrid, este asunto ha sido otro motivo de distanciamiento entre Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre.
Baleares y País Vasco fueron el año pasado, las últimas que decidieron financiar la píldora, sumándose así al grupo mayoritario que financian con fondos públicos este medicamento, en el que están Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra.
