El 61% de los hogares andaluces cobró el pasado ejercicio algún tipo de prestación social. Los expertos advierten del reto financiero que enfrentan las autonomías para abordar la mejora de los servicios sociales.
La educación y la sanidad pegan un bocado cada vez mayor a los presupuestos de las comunidades. Ésta "absorción creciente de recursos", advierten los expertos, "puede a medio plazo suponer un problema financiero para abordar el reto de la mejora de los servicios sociales". Es una de las advertencias que recoge el estudio "La financiación de los servicios sociales: nuevos desafíos", publicado por el Instituto de Estudios Fiscales y dirigido por el profesor de la Universidad de Málaga, José Sánchez Maldonado.
Cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que aprobó el Congreso a final de 2006, las comunidades siguen aplicando a trancas y barrancas y en colaboración con los ayuntamientos las medidas que fija la norma y que preveía cubrir en 2007 los casos de dependientes más graves. Según los expertos, engrasar esta maquinaria no será nada fácil.
La situación debe aún dar un vuelco importante puesto que la aplicación de la ley estatal se planificó de forma gradual y no estará totalmente en vigor hasta el próximo 2015. El análisis publicado por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía ofrece algunas cifras sobre cuál es el escenario por comunidades antes de que las ayudas a los dependientes y sus cuidadores terminen de implantarse por completo. El problema no está tanto en el número de personas qué reciben algún tipo de prestación social como en la insuficiencia de las ayudas que ahora están en marcha y que la nueva ley incrementará notablemente.
Según las cifras de este estudio, procedentes del Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía un 61,1% de los hogares, lo que supone un millón y medio de familias, se beneficiaron de prestaciones sociales el pasado año. Un dato que sitúa a Andalucía por encima de la media nacional (55,6%) aunque Galicia, Asturias y Extremadura repartieron más ayudas.
Sánchez Maldonado explica que estos datos se refieren a todas las prestaciones disponibles para la protección de personas dependientes, desde ayudas económicas a servicios sociales o reducciones fiscales. El hecho de que la comunidad andaluza sea una de las que más prestaciones reparte entre sus hogares se explica, según este catedrático de Hacienda Pública, porque "la renta está aún por debajo de la media". "El número de ayudas sociales que se cobran está en relación con la inversa de la renta per cápita", aclara.
Este hecho también se relaciona con el mayor tamaño de la comunidad. Aunque Andalucía cuenta con una de las poblaciones más jóvenes de España, es en números absolutos la que tiene más dependientes. Según las cifras del estudio existen 200.630 andaluces de entre 6 y 64 años, el 25% del total de españoles, con alguna discapacidad para desarrollar su vida diaria. A ellos se suman otros casi 300.000 andaluces dependientes que superan los 65 años. Para todos el Presupuesto tendrá que prever fondos.
