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Seis funcionarios desmienten al PP y niegan los fallos del Plan Centro

Dos informes subrayan que las cámaras eran fiables y que no se desconectaron. No se multaba sólo por falta de personal

el 29 ago 2011 / 14:46 h.

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Juan Espadas junto a Encarnación Martínez en la rueda de prensa de hoy.

El informe técnico que el gobierno local esgrimió el 27 de julio, horas después de derogar el Plan Centro , para justificar la necesidad de suspender  el proyecto del anterior gobierno por “ser un fraude y estar preñado de irregularidades”, fue desmentido días después por seis funcionarios de Tráfico y de Obras y Proyectos en otros dos informes remitidos a la dirección general de Movilidad. En ellos, no sólo se cuestiona la actuación  del ingeniero jefe de sección del Centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez, en el que basó su discurso el PP, sino que se desmiente buena parte de su versión de los hechos.

Según estos análisis, elaborados por los funcionarios tras ser cuestionado su trabajo y difundidos ayer por el PSOE, las cámaras no fallaban, su tramitación fue correcta, el concurso fue legal y la facturación se realizó de forma adecuada. No se multaba, eso sí, desde el 31 de marzo . Pero por un problema de personal que no se pudo o no se quiso resolver ni antes ni después de las elecciones.

El gobierno local quiso justificar su decisión de derogar el Plan Centro de forma urgente y sin trazar ningún plan alternativo por las supuestas irregularidades existentes en el sistema. Primero las recogió el director general de Movilidad, Enrique Medina –un cargo de libre designación– en un informe que señalaba que el sistema de cámaras estaba desactivado por los “índices de error y deficiencias”. Después, al ser cuestionado, se encargó otro informe al jefe de sección del Centro de Control de Tráfico –ajeno al proyecto y enfrentado a la anterior delegación–, quien alertó de una situación fraudulenta y plagada de irregularidades. Un análisis, difundido por el gobierno local, y basado supuestamente en al menos otros dos funcionarios municipales.

Una vez hecho público este informe que alerta de cuestiones casi delictivas –como no cumplir con la Ley de Protección de Datos–, derogado el plan Centro y anunciada la comisión de investigación, seis funcionarios –cuatro de ellos citados en el análisis encargado por el PP– elaboraron otros dos informes en los que se desmiente prácticamente toda la versión del diagnóstico inicial. Hay problemas en el servicio, pero se deben únicamente a la falta de personal que no se resuelve desde el 31 de marzo. Por eso no se tramitan multas.

En esto coinciden todos los informes. Pero sólo en eso. El jefe de servicio administrativo de Tráfico y Transporte y la jefa de servicio de Obras y Proyectos –en un informe en el que participan cuatro técnicos– desmienten el resto del relato esgrimido por el PP en el Pleno en el que se derogó el plan de tráfico del Centro.

Para empezar, las cámaras eran fiables, al contrario de lo esgrimido por el gobierno local. Como ya señalaron a este periódico los responsables de Sice los índices de error en los que apoyó el PP para denunciar las irregularidades se corrigieron tras el verano de 2010. Cuando en Navidad se puso en marcha el plan de tráfico, la fiabilidad era “superior al 97%”, según estos informes. De ahí que el sistema, que además estaba en garantía, nunca llegara a desconectarse el 31 de mayo como señaló el análisis difundido en rueda de prensa por el PP en julio. “El sistema funciona correctamente a la fecha actual –cuatro de agosto–. Aún no ha sido desconectado y sigue tomando datos de los tránsitos, lee y detecta el paso de vehículos por los puntos de entrada y salida”, recoge uno de los informes, que niega también problemas en la ubicación de las cámaras que invaliden el sistema como señala el análisis usado por el PP.

Pese a esto, las multas del Plan Centro tuvieron graves problemas. Pero no fue por fallos técnicos. Sino por falta de personal. Fue esto lo que provocó una de las cuestiones más repetidas por el PP: que las multas se limitaran a infractores que estuvieran en el Centro entre 75 y 200 minutos. “Debido a las limitaciones de recursos humanos sólo se podían emitir 250 sanciones diarias (...) Se elige el intervalo de infracciones por tiempos de estancia entre 75 y 200 minutos”. Y fue este problema de recursos humanos el que desembocó en la suspensión del sistema a finales de marzo: “Desde el 1 de marzo un único auxiliar se ocupaba de tramitar las solicitudes del Plan Centro con lo que vino a resultar imposible que la lista de vehículos para circular por el Centro estuviera actualizada. Ante esta situación, desde el servicio administrativo, se pone en conocimiento de la dirección de la delegación que se va a dejar de tramitar sanciones al no darse la situación de plena seguridad jurídica requerida”.

Al margen de este problema de personal, los datos se gestionaban de forma correcta, y no al margen de la Ley de Protección de Datos, como señaló el informe difundido por el PP, y la tramitación del expediente administrativo se completó de acuerdo al marco legal. No hubo un cambio en la adjudicación –como apuntó el ingeniero jefe de sección– ni una aplicación demasiado complicada –es “compleja como cualquier sistema”, se aclara en uno de los informes de los funcionarios– ni faltan facturas que acrediten que no ha habido desvíos presupuestarios. El funcionamiento es adecuado hasta el punto de que se firma la recepción del sistema el 25 de mayo y se mantiene una vía abierta con la empresa adjudicataria: “Cualquier avería o error ha sido comunicado a la empresa para su revisión y reparación al encontrarse en periodo de garantía”.

En sus informes los seis funcionarios cuestionan la designación de Enrique Gutiérrez –quien como él mismo admite estuvo al margen del proyecto– para la elaboración del informe sobre el Plan Centro y alertan de posibles irregularidades en su actuación: “Ha tenido acceso al expediente sin seguir el cauce reglamentario, sin que esta Jefatura lo haya autorizado (...) Tuvo acceso al expediente el 20 de julio, devolviéndolo el 22. Una vez comprobado el contenido parece que no se ha alterado su contenido, sin bien no se puede acreditar al no haberse seguido el cauce reglamentariamente establecido”.

Estos informes no están incluidos en el expediente, aunque sí han sido facilitados por el gobierno local a la oposición, que los difundió ayer tras dos semanas, y formarán parte de la comisión de investigación impulsada por el Pleno por unanimidad y que aún debe ser constituida. 

Juan Espadas: "La derogación del Plan Centro se justificó con un montaje"

La dirección general de Movilidad recibió los informes de los seis funcionarios tras la derogación del plan y tras la celebración del Pleno. No los difundió por ser informes de funcionarios que, según el gobierno, no habían dado su consentimiento para ello. Se limitó a informar de que existían y de que coincidían en señalar que las multas se habían dejado de tramitar a través de un comunicado –el primero se difundió entre los medios tras una rueda de prensa– y a incluirlos en la documentación facilitada a la oposición ante la inminente constitución de la comisión de investigación. Fue el portavoz socialista, Juan Espadas, quien casi dos semanas después de acceder a la documentación la difundió ayer tras acusar al gobierno local de ocultarla deliberadamente y por “mala fe”. “Se demuestra que todo fue un montaje”, subrayó Espadas quien enumeró un listado de preguntas sobre la actuación del PP que dejó en el aire: “¿Quién encargó el informe al ingeniero jefe del Centro de Control de Tráfico sabiendo que no era su cometido? ¿Por qué no se encargó a los funcionarios del servicio que informaran del expediente o hubo al menos una reunión con ellos?”.

Espadas arremetió así contra una supuesta “manipulación” por parte del PP e instó a aclarar lo ocurrido en la comisión de investigación impulsada por el PP y apoyada por los dos grupos de la oposición, de forma que no se dedique sólo a la gestión del anterior gobierno sino también a lo ocurrido tras los comicios.

El portavoz del PSOE reclamó además que sea una persona imparcial quien la presida y no alguien del gobierno vinculado con la derogación del proyecto aprobado por el anterior gobierno y que no se ha visto sustituido por un plan alternativo de circulación por el casco antiguo o de transporte público. “A ver si el delegado de Movilidad se estrena y explica cuál es su modelo de movilidad, porque hemos pasado del supuesto cierre del Centro a la amenaza de multas”, señaló Espadas quien apuntó que el gobierno puede buscar “multas para hacer caja”. 

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