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Seis regiones piden que no sólo la población guíe la financiación

Los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón defendieron el viernes de forma conjunta que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios y no sólo la cifra de población. Las seis comunidades tienen en común la pérdida progresiva de habitantes.

el 15 sep 2009 / 09:04 h.

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Los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Aragón defendieron ayer de forma conjunta que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios y no sólo la cifra de población. Las seis comunidades tienen en común la pérdida progresiva de habitantes.

Consejeros de Economía y directores generales de presupuestos de las seis autonomías, cinco gobernadas por el PSOE y una, Castilla y León, por el PP, se reunieron ayer en una mesa redonda organizada por los cursos de verano de La Granda, en las cercanías de Avilés, para poner en común su posición ante la reforma del modelo. Todos los representantes del PSOE matizaron que el encuentro no suponía la constitución de un "frente común" para hacer valer sus intereses -Cataluña ha promovido otro con las comunidades que más aportan al Estado-, mientras que la consejera de Hacienda de Castilla y León, María del Pilar del Olmo aseguró que es una forma de "hacer ver" al Ministerio la postura de seis comunidades donde vive el 20% de la población española.

Durante el debate, sí que coincidieron todos en la necesidad de que el reparto de los fondos no atienda exclusivamente al número de habitantes -pese a que el Gobierno sostiene que la población sea la variable principal del sistema-, sino que tenga en cuenta el coste real de los servicios que en estas comunidades se ve elevado por la dispersión de la población, el envejecimiento, la orografía o la extensión del territorio. Cantabria incidió también en que el hecho de ser un territorio pequeño y con pocos habitantes influye en el coste fijo de los servicios, por lo que advirtió de que no admitirá un modelo que no tenga en cuenta ésto.

Las seis comunidades plantearon que deben incrementarse los Fondos de Compensación Interterritorial para garantizar la convergencia de las rentas medias entre las distintas regiones y cubrir la prestación de servicios de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. También reclamaron que se garantice la revisión cada cinco años del modelo de financiación, en función de las realidades sociales y económicas de cada autonomía y que se aporten más recursos para garantizar las prestaciones de la Ley de Dependencia.

El consejero de Economía del Principado, Jaime Rabanal, señaló que hay una "voluntad compartida" de "consenso" para que arranque un modelo que responda mejor a la realidad de los costes que debe afrontar cada autonomía. Su homólogo cántabro, Ángel Agudo, insistió en que la financiación no puede fijarse por habitante ya que hay muchas otras variables que inciden en el coste de la prestación de servicios que deben garantizarse incluso con fondos adicionales. Para el titular de Administración Pública y Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, el primer error de este proceso es haberlo iniciado sin calcular el "coste efectivo de las competencias transferidas" y demandó que se paguen los mismos impuestos en todos los territorios para evitar la "competencia desleal".

Del Olmo avisó de que en las comunidades más pobladas, la recaudación se incrementa en mayor proporción y que, por lo tanto, están "sobrefinanciadas". La directora general de Política Económica de Aragón, Eva Pardos, apuntó que hay una "insuficiencia financiera" por los ritmos de crecimiento del gasto social, sanitario o educativo. El director general de Presupuestos de Galicia, Pedro Antonio Fernández, apoyó la creación de un organismo evaluador que controle el gasto y garantice una justa revisión del modelo cada cinco años.

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