Luis Sánchez Manzano, de Sando; María Jesús Serrano, consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Carmen Castreó, presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla; y David López Royo, director de El Correo de Andalucía. Foto: Rodríguez Aparicio
Por Juan Rubio y Carmen Prieto Las tres principales empresas andaluzas de abastecimiento y saneamiento de agua la sevillana Emasesa, la cordobesa Emproacsa y la malagueña Emasa reclamaron ayer mayores inversiones públicas para así seguir garantizando el suministro, la depuración y la calidad, así como la adaptación a las continuas exigencias legales comunitarias, especialmente en materia medioambiental. Y las reclamaron, argumentaron, porque las tarifas apenas cubren sus costes de explotación, de ahí que tengan que hacer malabares al afrontar las necesarias obras y renovaciones de infraestructuras hidráulicas.
Este tema, la gestión de las infraestructuras hidráulicas, protagonizó ayer uno de los encuentros técnicos de El Correo de Andalucía, celebrado en el sevillano Cortijo Gota de Leche, sede del grupo empresarial Morera & Vallejo, patrocinado por la compañía andaluza de construcción y servicios Sando, con presencia y ponentes de empresas públicas y privadas y de la Administración autonómica, e inaugurado por su consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.
Contundente fue Antonio Díaz, director general de Emasesa, quien advirtió de que, sin una continua inversión en las redes, se produciría su «colapso» de aquí a 50 años para las de saneamiento y en 100 para las de abastecimiento. Desde que, allá por 1996, se inició la renovación, a día de hoy habría que considerar «escasa» su ejecución.
Pero, además, de aquí a 2028 son necesarias inversiones que sumarían 200 millones de euros para adaptar las depuradoras de Emasesa a la normativa comunitaria «no cumplimos», construir tanques de tormentas contra las inundaciones y adecuar los aliviaderos. ¿Y algo más? Pues otros 45 millones para asumir las crecientes normativas de calidad ambiental y las exigencias «cada vez más restrictivas» de las nuevas normativas.
Ante tal cúmulo de inversiones y las limitaciones presupuestarias que derivan en obras todavía pendientes, Díaz abogó por «no limitar el crecimiento tarifario necesario para soportar, no solo los costes de operación y amortización, sino también los relativos a nuevas inversiones», sentencia acompañada por un sí de cabeza por sus dos compañeros de la mesa redonda, el gerente de la Empresa Provincial Aguas de Córdoba, Luis Moya, y su homólogo en la Municipal Aguas de Málaga, José Luis Rodríguez.
Desgranó Moya la complejidad del servicio prestado por una empresa que, además de Córdoba capital, abarca multitud de pueblos pequeños de la provincia, un auténtico «follón técnico», dijo. Sus inversiones más acuciantes, relató, son el abastecimiento en alta (desde la captación hasta las principales arterias) y la depuración, puesto que todavía una treintena de «municipios pequeños» de su entorno carecen de las obligatorias depuradoras. Y en esto, dijo, hay que ponerse las pilas.
José Luis Rodríguez, por su parte, reseñó que las preocupaciones de Emasesa y Emproacsa son compartidas por la empresa que gestiona, y se quejó de que la Consejería de Medio Ambiente tiene a Málaga abandonada en materia de agua tras la vorágine de cambios de los órganos de cuenca.
Previa a la mesa redonda, las jornadas parecían irremediablemente camino de convertirse en un debate sobre el dragado de profundización del tramo final del Guadalquivir, al estar codo con codo María Jesús Serrano y Carmen Castreño, presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla institución que impulsa la obra, con mensajes cruzados.
Ambas, eso sí, coincidieron en lanzar el mensaje de un desarrollo económico sostenible y de eliminar el catastrofismo del debate, en referencia a quienes han reclamado a la Unesco que incluya Doñana en su lista negra. Castreño fue especialmente dura con las asociaciones ecologistas y resaltó la sempiterna conciencia ambiental que ha guiado la labor del Puerto de Sevilla, mientras que Serrano sentenció que «Doñana no está en riesgo» y, para garantía, sus técnicos y científicos. Un dragado pendiente también de las obras de modernización del arroz. Precisamente, Juan Saura, director técnido de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, recordó que éstas son las únicas infraestructuras vinculadas al regadío pendientes dentro de esta cuenca, después de que se haya modernizado el 80 por ciento de los cultivos: «Nos queda el arroz, pero contamos con el respaldo de los fondos Feder» para afrontar esta obra en el tercer período de estas ayudas europeas.
Y es que, como subrayó Saura, «las obras que se han hecho en este país en los últimos 15 años se deben a los fondos Feder, que han sido clave en la dotación de las infraestructuras hidráulicas». Si bien, apuntó, la sensibilización de los regantes, sobre todo tras la sequía «terrible» de los primeros 90 «en la que Sevilla se bebió el agua del Guadalquivir, que era del desguace de Córdoba», que comprendieron que «no se podía seguir con las infraestructuras que tenían y asumieron que el agua no es gratis», y la «actitud positiva» de la banca, que empezó a ofrecer créditos a los agricultores para afrontar estas obras, fueron determinantes para que estas infraestructuras se ejecutaran.
Pero «hay que invertir con inteligencia», advirtió Rafael Cuevas, asesor técnico de la Dirección General de Estructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, porque la cuantía de los fondos de esta tercera fase de los Feder que se destinarán fundamentalmente a la depuración «será menor que la actual y como no tenemos otra fuente de financiación» habría que «priorizar aquellas infraestructuras imprescindibles», añadió la directora general de Infraestructuras y Explotación del Agua de la Consejería de Medio Ambiente, María Belén Gualda, en la clausura de este encuentro.
