a dimisión de Alberto Saiz de su cargo de director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sugiere reflexiones que van más allá del hecho de que sean o no ciertas las acusaciones publicadas contra él los dos últimos meses por una supuesta utilización de fondos públicos para fines privados. Saiz ya dio las explicaciones oportunas en sus comparecencias ante la Comisión de Defensa y la de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Pero aparte de que se hayan depurado responsabilidades con la dimisión de Saiz, lo cierto es que las filtraciones de las presuntas irregularidades han hecho aflorar un serio malestar interno en el seno de los servicios secretos españoles, un enfrentamiento en la cúpula de los espías españoles nocivo para los intereses del país. Por algunos días, la casa en la que residen los secretos de Estado de España ha recordado a los penosos años en los que las indiscreciones y traiciones de un personaje como Juan Alberto Perote laminaron la imagen del entonces CSID, cuyos secretos quedaron expuestos al escrutinio público. Esto jamás puede volver a suceder. El CNI, por su propia naturaleza, no puede ser el objeto de una polémica pública y partidista. Como cualquier otro Estado de Derecho, España funciona con criterios de transparencia democrática, pero quienes tienen la responsabilidad sobre departamentos de tanta sensibilidad como el CNI saben que deben conjugar el respeto de los principios democráticos con la discreción que requieren asuntos tan delicados y trascendentes para la seguridad del Estado. El Gobierno, muy tibio en sus apoyos a Saiz, ha aceptado su dimisión y ha cambiado a un civil (el primer jefe de los servicios secretos que dio una rueda de prensa) por un militar de acreditadísima experiencia y peso específico, el general Félix Sanz Roldán. En él recaerá la responsabilidad de calmar los ánimos y reconducir el ambiente enrarecido que se vive en el seno del CNI. Un reto de una complejidad extrema.
