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Sevici cambia de ritmo

La negociación para la renovación del contrato con la firma JCDecaux y el aumento del vandalismo ahora mediante grupos organizados ha abierto un debate sobre la gestión de Sevici, que tiene ya 52.430 abonados y 2.836 bicicletas. El Ayuntamiento ha dado participación a los usuarios y busca respuesta a una batería de interrogantes.

el 16 sep 2009 / 03:54 h.

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La negociación para la renovación del contrato con la firma JCDecaux y el aumento del vandalismo ahora mediante grupos organizados ha abierto un debate sobre la gestión de Sevici, que tiene ya 52.430 abonados y 2.836 bicicletas. El Ayuntamiento ha dado participación a los usuarios y busca respuesta a una batería de interrogantes.

El futuro de Sevici debe salir de un debate en el que se combinan los retos de carácter político de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad, que dirige IU, los intereses económicos de la empresa JCDecaux y ahora las propuestas de los usuarios, satisfechos con el proyecto pero críticos con su funcionamiento. Éstos han consolidado en las últimas semanas una plataforma, que ya ha mantenido reuniones con el Gobierno local y que ha iniciado una campaña de difusión de sus iniciativas por internet y por escritos repartidos entre las estaciones de Sevici. Estos son algunos de los interrogantes abiertos:

Las tarifas. El contrato entre el Ayuntamiento y la empresa JCDecaux supedita la expansión del servicio de bicicleta pública a la revisión de los precios. Su incremento es algo asumido por las dos partes que negocian, principalmente dado el coste que tiene el servicio y la situación económica actual. Sevilla es la ciudad en la que los bonos son más baratos. En el contrato se plantean como únicos ingresos para la empresa la cuota que abonen los usuarios y la recaudación por la publicidad de los distintos soportes municipales. Ésta última ha caído en la ciudad un 11,8% en este trimestre. Medidas como la inclusión de los anuncios en las propias bicis han generado unos ingresos de apenas 300.000 euros, cuando el coste de la flota de bicis es de aproximadamente seis millones de euros -2.100 euros por cada una de las 2.836 bicicletas existentes en Sevilla-. El problema de esta subida es su coste político y social. De ahí que se haya abierto un pulso sobre el coste definitivo. La plataforma de usuarios, por su parte, acepta e incluso considera positiva la revisión, siempre dentro de unos límites: un máximo de 20 euros.

El funcionamiento. En estos momentos hay 2.836 bicicletas, de las que 2.480 deben estar operativas todos los días y repartidas por las 249 estaciones en funcionamiento. IU quiere más. Tenía incluso un proyecto de llegar a 4.000 y habilitar más de un centenar de puntos nuevos repartidos por los barrios de la ciudad. Ésta es precisamente una de las reivindicaciones de la plataforma de usuarios. Pero, de momento, la empresa es reticente a una nueva fase de expansión inmediata, sobre todo por el coste que tendría y por el incremento que se podría producir en los actos vandálicos. Desde la plataforma de usuarios se ha reclamado abrir el debate sobre la primera media hora gratuita para ampliarla a una hora. La opción está descartada por IU y por la empresa. Si se aplica se eliminaría una de las bases del funcionamiento de Sevici: rotación y trayectos cortos.

Las multas. Ya está decidido que la empresa redacte una serie de normas de uso de las bicis con sus correspondientes sanciones, que pueden derivar en la retirada del título de usuario. Faltan por definir las cuantías. La propuesta realizada por la plataforma de usuarios es que se impongan multas de 30 euros y que exista la figura de la anulación temporal del título.

La policía. Los usuarios piden más protección policial. El Ayuntamiento estudia cómo actuar. La unidad policial ciclista lleva dos años aparcada y no se puede pretender controlar las estaciones. La Delegación de Seguridad diseña un plan específico que parte de que hay acciones vandálicas con autores y áreas de actuación definidos.

La Vigilancia. Son los propios usuarios quienes abanderan la propuesta de poner cámaras de seguridad. Pero ni IU ni la empresa parecen dispuestas por su coste económico y político. Sí está más avanzada la iniciativa de que las comunidades de vecinos apadrinen una estación y la vigilen.

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