Causar desperfectos en un banco o en un parque, tirar una colilla, verter agua sucia en la calle y orinar en la calle costarán en Sevilla 120 euros tras los últimos cambios introducidos en la ordenanza antivandalismo. La cifra es la más baja de entre las ciudades que cuentan con una normativa de estas características.
Las negociaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses han provocado que se flexibilicen determinados aspectos de la ordenanza antivandalismo y que se establezca una nueva regulación en las sanciones de una de las infracciones más comunes: los actos vandálicos en parques, contenedores y en la vía pública.
La sanciones por este concepto han pasado de 750 euros en los primeros borradores a un máximo de 120. Se ha creado así una categoría que no existe en las principales ciudades con este tipo de normativas como son Barcelona, Pamplona, Valladolid, Santander o, en la provincia de Sevilla, Dos Hermanas.
Pese a esta modificación, que se introdujo en las últimas negociaciones con el Foro Social y con IU, el Gobierno local ha matizado esta reducción de las sanciones. En un artículo incluido antes de la remisión de la ordenanza al Consejo Económico y Social se recoge una excepción: "Cuando la infracción consista en la destrucción total de una planta o de elementos del mobiliario urbano, la sanción podrá elevarse, previa valoración de las circunstancias, hasta los 750 euros".
Pero será sólo una excepción. No como ocurre en las ordenanzas que han servido de referente al Ayuntamiento de Sevilla. En Barcelona se creó una categoría para actos vandálicos menores con sanciones que ascendían a los 500 euros. Conductas como escupir y orinar en la calle pueden acarrear multas de hasta 300 euros. Esta cantidad es la mínima que queda fijada en las normativas de Valladolid, Santander y Pamplona.
Esta rebaja ha sido una de las cesiones que se han realizado para adecuar la ordenanza a todos los colectivos, agentes y movimientos sociales afectados por ella. Se ha conseguido el consenso. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en Zaragoza -la capital más próxima a Sevilla por su tamaño y por la composición de su Gobierno-. El alcalde, Juan Antonio Belloch, retiró hace sólo unas semanas su proyecto por el rechazo generado en la ronda de consultas.
